En diez años da tiempo de muchas cosas. De crear y desarrollar una familia o de cimentar y llevar a su cúspide una carrera profesional. No es una parte pequeña de la vida y si te la quitan, te arrebatan un trozo esencial de tu trayectoria vital. Diez años ha sido el tiempo que ha transcurrido desde que la juez Mercedes Alaya imputó a trece personas, profesionales y políticos, en el caso Mercasevilla hasta que finalmente han quedado absueltos. En esos diez años no han podido desarrollar sus carreras profesionales, sus vidas familiares se han visto afectadas para mal y han sido, de una u otra forma, unos proscritos sociales. Al final, para nada. Tendrán hoy la satisfacción de verse libres de una losa que los ha aplastado durante una larga década, pero nadie les va a devolver lo que se les ha quitado.

No es necesario recordar que los indicios de delito se solventan en las sentencias. Por supuesto. Y que los procedimientos judiciales complejos no se instruyen y se juzgan en un par de meses; son largos por su propia naturaleza y además la situación la Justicia en España los eterniza. Pero quizás sería el momento de que la sociedad en su conjunto y los estamentos políticos y judiciales muy especialmente se planteen si no es hora de acabar con las desmesuras por las que algunos, como los procesados de Mercasevilla, pagan un precio muy alto. En España, en Andalucía de manera muy particular, hemos asistido a varias investigaciones judiciales prospectivas que han quedado en nada. Investigaciones prospectivas porque no se sabía qué era lo que se estaba buscando y en las que parecía, porque sí, que se había descubierto la madre de todas las corrupciones. Iban acompañadas de despliegues mediáticos enormes con paseíllos por los juzgados, filtraciones interesadas de sumarios secretos, detenciones a mansalva e incluso prisiones preventivas que se prolongaban por meses.

Mientras estuvo al frente del juzgado número 6 de Sevilla la magistrada Mercedes Alaya fue la instructora por excelencia de este tipo de causas. En diez años ha sentado en el banquillo a 36 personas y sólo ha conseguido tres condenas menores. Y todavía no está todo escrito, queda lo más gordo. No cabe dudar aquí, ni nadie tiene pruebas para hacerlo, del celo o la diligencia que pusiera la juez en sus investigaciones. Pero a los datos nos podemos remitir. Se ha hecho política, la más baja de las posibles, utilizando la Justicia. Quizás algún culpable se haya ido de rositas, pero muchos inocentes han pagado con años de su vida. Y vida sólo hay una.