S style="text-transform:uppercase">upongo que puedo haberlo escrito otros años por estas mismas fechas. Aunque fuera así no me importa repetirlo. Pasado mañana nos apeamos de un tren, 2016, que nos ha llevado a una estación término, simplemente para trasbordar y subirnos de inmediato a otro convoy, 2017, de destino incierto, inquietante o venturoso -¡vaya usted a saber!-, realmente impredecible. Lo es más porque tras un año lastimosa y penosamente perdido por el empecinado y exasperante "no es no", hemos desembocado en este laberinto de incertidumbres que plantean la minoría parlamentaria del Gobierno y la intolerable espiral separatista del nacionalismo que desafía y quebranta la legalidad y rompe los principios constitucionales y las reglas del juego democrático.

Ahora, que tanto se habla de reformar la Constitución, la mayoría no aclara por qué, en qué o para qué. Hay una fundada sospecha de que muchos lo que pretenden es suprimir "la soberanía del pueblo español", valor esencial del poder fundamental del Estado. El nacionalismo, tal como se manifiesta en España con sus pretensiones separatistas, es en sí mismo un desafío a la autoridad y, como tal, un delito constitucional. No existe ningún derecho histórico o jurídico que lo respalde legalmente.

Dentro del tono discreto y coherente del discurso de Navidad del Rey, sus palabras han sido muy claras considerando inadmisibles las actitudes y comportamientos contra "los derechos que tienen y comparten todos los españoles para la organización de la vida en común" ya que "vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad sólo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada y luego, al empobrecimiento moral y material de la sociedad".

Tratar de hurtar el poder congregador del Estado, transgredir el principio de igualdad de todos los españoles, desobedecer las sentencias de la autoridad judicial, tratar de revertir la legítima soberanía del pueblo español intentando usurpar parcelas del poder del común en beneficio de ilegítimas ambiciones que por otra parte disponen de un nivel de autogobierno como ninguna otra región europea, es, además de un delito constitucional, un ultraje, una infame ofensa que ningún español de bien puede consentir. Y por supuesto el Ejecutivo, que está dotado de todos los medios legales para cumplir cuanto disponen las instituciones judiciales.

Cuando vamos a iniciar un nuevo año, éste es uno de los temas más preocupantes de esta endeble estabilidad política que vivimos a la que no son ajenas otras circunstancias igualmente turbadoras, no sólo fomentadas desde posiciones que no acaban de librarse de resentimientos, rencores, prejuicios y dogmas trasnochados y por otras que van del postureo -un término que me parece detestable- o de posiciones donde importa más el sillón, el cargo, el sueldo y el poder, que el futuro del país, la estabilidad y el bienestar de todo los españoles. ¡Feliz 2017!

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