No hay dos sin tres. Al ya digerido y amortizado indulto que sacó de la cárcel a Oriol Junqueras y otros líderes de la asonada independentista de 2017 se le añadió la supresión del delito de secesión (a partir de ahora aquellos sucesos serían desórdenes públicos agravados) y, de inmediato, la rebaja a casi la mitad de las penas por delitos de malversación en ciertos casos.

¿En qué casos? Justamente en los que afectan a Junqueras y demás condenados y condenables por el procés separatista. El destrozo de la sedición y la malversación como delitos graves en el Código Penal permitirá que el máximo dirigente de ERC pueda ser el próximo candidato a la Generalitat, que una docena de ex altos cargos de entonces no entren en prisión por usar dinero público para organizar un referéndum inconstitucional y que el prófugo Puigdemont regrese a Cataluña sin ser encarcelado, pendiente sólo de una condena menor, fácilmente indultable.

De este modo se completa el designio compartido por el independentismo catalán y el Gobierno de la nación española: desmontar, ladrillo a ladrillo, la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a determinados políticos afincados y activos en Cataluña. No por su ideología ni sus convicciones nacionalistas, sino porque cometieron delitos graves, aprobaron leyes ilegales y vulneraron aposta la ley de leyes, la Constitución que consagra la igualdad entre los españoles y ampara su convivencia. Urgido por su precariedad congénita y la necesidad de aprobar sus últimos Presupuestos, el Gobierno ha desautorizado y corregido a otro poder del Estado democrático (el judicial).

Ha sido, en realidad, una amnistía administrada en cómodos plazos. No se podía decretar de golpe como tal medida de gracia -que es lo que reivindicaba Aragonés en la mesa de diálogo con la Generalitat- porque la ley lo prohíbe, de modo que se acordó conceder primero el indulto y ahora se remata con la secesión y la malversación. Todo ello redactado por los que van a beneficiarse directamente de las reformas, que es como si se negociara el cambio en la tipificación del asesinato con los asesinos. Se está perpetrando un Código Penal de autor al que sólo le faltaría ponerle nombres y apellidos. No es necesario. Ya presenta la enmienda Rufián.

Queda para una nueva legislatura, si es que la tienen, la otra exigencia de Aragonès: el referéndum de autodeterminación. Descuiden, que se encontrará la fórmula.