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Yogur de Feijóo

El jefe del PP dice que el CGPJ no está caducado. Tras cuatro años de 'secuestro' propone un rescate

Esta semana ha muerto Nicolás Redondo, el ugetista que se opuso a que los sindicatos fuesen correas de transmisión de los partidos. 40 años después, tenemos asociaciones de jueces convertidas en engranajes de los partidos. Tanto han complotado PSOE y PP en el reparto del Consejo del Poder Judicial, con jueces y juristas estampillados, que han desacreditado la institución. Sus miembros votan con disciplina lo que quiere el grupo que los nombró. El sistema está agotado.

Feijóo ha declarado a Servimedia que el CGPJ no es un yogur. Niega que lleve caducado cuatro años; sólo prorrogado. Pero ya huele; el PP impide su renovación para no perder su mayoría absoluta. Un secuestro al que ha puesto precio de rescate con sus condiciones para tener un Consejo independiente. El escenario es desalentador: la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, próxima al PP, que tiene 1.400 miembros de los 5.500 que forman la carrera, ha copado más de la mitad de los nombramientos de los altos tribunales.

Para eso han servido Consejos con mayoría popular, y los bloqueos del PP cuando estaba en minoría en Las Cortes entre 1995 y 1996, cuando Aznar presidía el partido; de 2006 a 2008, con Rajoy al frente, y desde 2018 hasta 2023, con Casado o Feijóo de líderes. El mismo modus operandi de la doctrina Cosidó: controlar a los tribunales por la puerta de atrás. El precio del rescate incluye barreras razonables como que los candidatos al CGPJ no hayan tenido cargos políticos en los últimos cinco años. Pero insiste en que los vocales de procedencia judicial sean elegidos por magistrados. Eso contradice los artículos 1 y 66 de la Constitución, que dicen que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y que al pueblo español lo representan el Congreso y el Senado.

¿Si los jueces controlan a los jueces, quién les controla a ellos? ¿De dónde emanaría su poder? Otra cosa sería que asociaciones judiciales o un número de magistrados propusieran candidatos, que fuesen interrogados en Congreso y Senado, que se votase a los mejores en número superior a las 12 plazas y se finalizara con un sorteo. La última excusa de Feijóo es que pretende evitar que el CGPJ "tenga obediencia a Sánchez". Pero no le molesta que el actual Consejo secuestrado sea su correa de transmisión. Basa su estrategia en el fuerte rechazo que suscita el presidente Sánchez, con sus promesas incumplidas sobre la rebelión del procés, los favores legales a los independentistas o los pactos que nunca haría con Bildu.

Estamos rodeados. Y el yogur, podrido.

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