Da igual la provincia de la que hablemos: la atención de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía no atiende a quienes necesitan de sus servicios. Echen un vistazo, por ejemplo, a la web de la de Sevilla, y lean algunos comentarios de los desesperados ciudadanos. Entendemos por "no atender" lo siguiente: para pedir una cita para hacer una consulta es preceptivo llamar a un teléfono que siempre comunica o nunca descuelga nadie. Todo ello no para que te informen sobre tus derechos -ojo-, sino para que te den una simple cita informativa, o sea, para hacer una consulta sobre una situación de pobreza fáctica de una persona mayor, y ojo también a este extremo: son personas socialmente desprotegidas en muchos casos, sin recursos materiales o capacidad de conducirse entre implacables vericuetos burocráticos. Por fin, alguien responde, y te da una cita: ¡te la da para un mes después! Un mes en la vida de un mayor es como cinco años de un niño: llega un momento en que se computa la vida en meses. Al poco tiempo, el usuario, cívico, quiere cancelar la cita para que pueda correr el turno: de nuevo imposible, sin respuesta. El perro del hortelano, que ni come ni deja comer a su amo, el ciudadano. Convertido en pedigüeño.

La hija de la señora necesitada de una tristísima pensión no contributiva quiere hacer una sugerencia o reseña en la web, que sólo tiene opiniones completamente negativas, cerapios: ¿por qué no implantan un sistema informático para la cita previa, ¡para una mera información!, como en Hacienda o para renovar el DNI? (Por cierto, renovar un carné de familia numerosa te lleva ¡seis meses!) Ya se lo digo yo: porque los servicios públicos de mero gasto, como son las ayudas a los desprotegidos, como pueden ser su madre o su abuelo, están desatendidos. Los que sí funcionan como un tiro son los de ingresos o control de las personas, tan necesarios como los de gasto: en Hacienda todo es eficacia y eficiencia, inversión tecnológica, aviso, apremio, embargo, multa y recaudación: bien está, pero no sólo es obligatorio cuidar la corriente presupuestaria que implica recibir exaccionando, sino la de dar los servicios que tiene que dar una comunidad autónoma decente. Tratar como enemigo al ciudadano es todo menos social o democrático, y se convierte en maltrato gubernativo si el usuario del servicio -de sus derechos, ojo de nuevo- es un mayor sin un duro, apremiado por la vida, que periclita, y por el temor a verse desvalido o desvalida. ¡Vergüenza!