Con creciente asombro e inquietud gravemente preocupante vemos como este gobierno pretende distraernos con el pasado para intentar ocultar su ineficacia de gestión en el presente. Es evidente que el pacto entre los socialistas y Podemos para dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977 al declarar dentro de la Ley de Memoria Democrática para "acabar con la impunidad" de los crímenes del franquismo, no es más que el intento de una nueva regresión sectaria, un revisionismo ideológico y un empeño inútil de imponer una ley penal desfavorable inaplicable de forma retroactiva. Y es, por supuesto, un burdo pretexto para soslayar su más que demostrada incapacidad para solventar los problemas acuciantes que tiene planteados la sociedad española.. Y esos y sólo esos son los que preocupan a unos ciudadanos agobiados por la carestía de la vida, sus limitaciones económicas y su cada día más apremiante necesidad de regularizar sus precarias economías.

Además de este afán obsesivo de revolver el pasado en ese empeño febril de remover las ideologías por encima de la gestión de gobierno del país, en cuya misión la coalición sociocomunista está demostrando su incompetencia - a la vista está el incremento de los conflictos sociales y laborales, el decrecimiento de la actividad económica y la evidencia de que este país es el que más lentamente va recuperándose - lo que realmente se está intentando es enterrar el espíritu de la Transición que auspició la mejor época democrática de España y al mismo tiempo quebrar la unidad y la convivencia de los españoles, volver a los rencores y odios del pasado, pervertir el orden democrático y eludir sus fundamentales responsabilidades de gobierno que deben imponerse al imperio de la ideología. Sobre todo cuando trata de ejercerse con un exceso revisionista, con un sometimiento de las leyes a los intereses y ambiciones partidistas, doblegando el debate parlamentario e imponiendo un bloqueo sistemático.

Pero en esa obsesiva e iconoclasta vuelta atrás que se empeñan en imponernos comunistas y socialistas, con el apoyo de nacionalistas, independentistas de toda laya e hijos legítimos de los terroristas (más los corifeos mediáticos de costumbre), a los que debemos el gobierno actual, saben y así se lo ha dicho por unanimidad la gran mayoría de los juristas, que el intento de abrir investigaciones cerradas tras el perdón que supuso la Ley de Amnistía de 1977, es inconstitucional, cuestión en la que el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la inviabilidad de la jurisdicción penal para lograr la reparación moral de las víctimas.

Así que abandonemos de una vez ese vil propósito de deslegitimar la Transición democrática, de adoctrinar a las nuevas generaciones con argumentos cainitas, de pervertir la convivencia política, de fomentar el odio y la fragmentación territorial, de abusar del excesivo intervencionismo, el control de la verdad y cercenar la libertad. No se puede subvertir el orden constitucional.