FUE en 1995 cuando el Parlamento de Andalucía acordó un cambio en el sistema retributivo de sus diputados, permitiéndoles cobrar de la Cámara una nómina con su retención correspondiente de IRPF y su cotización a la Seguridad Social como cualquier hijo de vecino. Hasta entonces y en función del número de escaños de cada grupo político, el Parlamento daba a cada uno de ellos una asignación que, posteriormente, se distribuía entre sus señorías por métodos no siempre transparentes. El citado pacto estableció que, además de ese sueldo y de los kilometrajes correspondientes, se pagase a cada parlamentario una "indemnización" cuya cuantía variaba en función de la distancia entre sus respectivas provincias y Sevilla, con un mínimo de 80.000 pesetas, que era la que percibían los diputados elegidos por esa circunscripción. Así, los de Huelva y Cádiz cobraban 120.000, mientras que los de Almería llegaban a las 200.000. Dicha "indemnización" se cobraba sólo los meses de actividad parlamentaria, es decir, todos menos enero, julio y agosto. Dos legislaturas más tarde, no obstante, se decidió con mucho sigilio por parte de la Mesa de la Cámara extender el derecho de cobro al mes de enero. Y, en la siguiente, también a julio y agosto, con lo que sus señorías pasaron a ser "indemnizadas" por estar disfrutando de sus vacaciones. Que nadie se extrañe: se tomó como modelo una práctica habitual entonces en el Congreso y en el Senado, así como en muchas otras cámaras autonómicas. Como es natural, esas dos modificaciones posteriores se pactaron con absoluta discreción y por unanimidad -¿cuántas de las leyes aprobadas en estos treinta años de autonomía han logrado ese grado de consenso?- pero pudieron salir a la luz gracias a las revelaciones de una fuente con buena conciencia y a la labor del periodista que las publicó.

Viene todo esto a cuento del anteproyecto de Ley de Transparencia aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, un texto largamente ansiado que sacará a España de la lista negra de países sin una legislación específica que vele por las normas de buen gobierno. Entre otros puntos, la ley fijará las obligaciones de los gestores públicos, les obligará a responder a las peticiones de información de los ciudadanos en el plazo máximo de un mes y establecerá penas para quienes gasten más de lo debido o sin respaldo presupuestario.

Los tiempos que nos han tocado vivir están poniendo contra las cuerdas a muchos de quienes nos rodean y por eso es más necesario que nunca que las administraciones públicas arrojen luz sobre su gestión, para generar una sociedad más democrática, avanzada y con menos nivel de corrupción. No basta ya con votar cada cuatro años.