En estos últimos días hemos tenido que leer en algunos periódicos titulares que, como en el poema machadiano, nos han helado el corazón, aparte de llenarnos de indignación y de profunda preocupación. Todo por la desobediencia de los mandatarios catalanes al dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña según el cual los centros educativos de esa comunidad autónoma están obligados a impartir el 25% de las materias del curso correspondiente en español. Lo cual ha sido ratificado por el Tribunal Supremo al rechazar un recurso de casación que presentó la Generalidad catalana. La aplicación de este derecho por parte de un menor de 5 años, alumno de una escuela pública de la localidad de Canet de Mar en la provincia de Barcelona, ha ocasionado actitudes y reacciones de inadmisible intransigencia por parte de los movimientos separatistas y ha provocado una vez más la utilización del idioma como uno de sus más agresivos argumentos nacionalistas y reivindicativos.

Lo que se ha dado en llamar, en una dialéctica entre política y mediática, según el origen de proclamas y argumentos, "guerra de la lengua", que por ninguna razón debe de existir, se han suscitado en algunos medios titulares (por supuesto también en las redes sociales) realmente alarmantes e intolerables. Algunos de ellos eran de este calibre: "Los separatistas identifican a la familia de Canet para fomentar su linchamiento"…. "Los CDR (Comités de Defensa de la República) convocan marchas de antorchas para disparar las coacciones contra el niño de Canet en Cataluña"… "La Generalitat lanza una encuesta para que los niños delaten a los profesores que den clase en español"… "Los socios de Sánchez orquestan el acoso al niño de Canet de Mar a la salida del Colegio"… "El TDJC ordena a la Generalitat preservar la intimidad del niño de Canet linchado por el separatismo"…. "Sería extraordinario que tuviera que protegerse el castellano en Cataluña", ha dicho el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, quien añadía: "A ningún Gobierno se le ha ocurrido debilitar la lengua nacional u oficial". Podría seguir porque titulares como estos o parecidos los ha habido de sobra.

Mucho se ha dicho y mucho se ha escrito sobre que hechos tan lamentables como estos serían inconcebibles en otro país de la Unión Europea, y también fuera de ella, pero es evidente que en ninguna otra nación es concebible una legislación en cuanto al idioma como la que se ha impuesto en los centros docentes de Cataluña y Baleares. Alardear como ha dicho el Consejero de Educación del Gobierno Autónomo, de que el catalán "está en peligro", es una falsedad. Incumplir una sentencia del Tribunal es inadmisible. Como lo es el silencio del gobierno y las medias tintas de muchos de sus miembros. El idioma no puede ser bandera política ni motivo de chantaje, incluida la trampa saducea de las plataformas digitales. Hágase lo que piden los padres: cúmplase la sentencia.