Es probable que hoy sean indultados los condenados por los delitos cometidos en el procés que pretendía la independencia de Cataluña. La reacción de la oposición contra los indultos ha sido fulminante. Una vez más observamos que la clase política se mueve, cuando de discrepancias se trata, de una forma completamente distinta a la de los ciudadanos de a pie. Efectivamente si, por ejemplo, usted y yo no estamos de acuerdo en algo, lo normal es que expongamos nuestros puntos de vista, escuchemos las razones del otro, intentemos encontrar coincidencias y, en definitiva, intentemos una aproximación y soluciones transaccionales. A veces resulta. Pero no entre Gobierno y oposición, que se mueven habitualmente en coordenadas de crispación.

En este caso, ciertamente, los fundamentos de la cuestión para PSOE y PP son los mismos: la existencia de un conflicto y el respeto a la Constitución Española y a la unidad de España. Pero el Gobierno confía en un diálogo que se abra con un primer paso -legítimo- de medidas de clemencia que suponen el perdón de la pena aunque el delito no desaparezca. Ese gesto es acogido de forma desigual en las filas independentistas; sin renunciar a sus objetivos últimos, una voz muy cualificada, la de Oriol Junqueras, desde la prisión, anuncia el fin de la vía unilateral, ampliando, de paso, la brecha entre su partido Esquerra Republicana y el Junts per Catalunya de Puigdemont y los herederos de Pujol. Por otra parte, en un ejercicio de encomiable pragmatismo, los empresarios y el episcopado catalán alaban el intento del Gobierno.

En mi opinión hay otro factor que puede coadyuvar a la solución: el hartazgo de una sociedad catalana fragmentada, que va siendo cada vez más consciente del fracaso del procés, de que las promesas de los separatistas fueron erradas, cuando no falaces, y de que el conflicto debilita la economía de la región y les cierra las puertas de Europa al margen de España. Esquerra lo sabe y, aunque debe guardar las formas, aceptará éste y sucesivos indultos, irá rebajando sus exigencias, retirará de su agenda el referéndum de autodeterminación y finalmente negociará un nuevo Estatuto de Autonomía con más facultades. En conclusión, el riesgo de que fracase el diálogo existe, pero no se ve otra alternativa viable. La derecha moderada debe seguir ejerciendo su papel de oposición responsable, pero poniendo el acento en lo de responsable.