Editorial

Semiprivatización de Aguas de Huelva

EL Ayuntamiento de Huelva aprobará previsiblemente la próxima semana en el Pleno la ampliación de capital de la empresa municipal Aguas de Huelva a fin de dar entrada en su accionariado a un socio privado que se haría con el 49% de las acciones de la sociedad y con su gestión íntegra mediante una concesión temporal. Esta operación de ingeniería financiera persigue dotar al Consistorio de nuevos recursos económicos con los que saldar parte de su elevada deuda, de 267 millones de euros. Su puesta en marcha tiene lugar tras frustrarse el intento del Ayuntamiento de lograr financiación a través de una operación de endeudamiento de Aguas de Huelva -que ahora asume la concesionaria- cuyo efecto inmediato será, a partir de enero, una considerable subida en la factura que pagan los onubenses en sus recibos del agua y recogida de residuos. La operación no es ajena a los procesos de semiprivatización o privatización total de los servicios municipales que muchos ayuntamientos españoles de variado signo político vienen realizando desde hace algunos años. No en vano, el 8% de ellos ha recurrido a dicha fórmula mixta y un 39% a una privatización total. Al margen de perseguir un saneamiento de las cuentas municipales, el segundo argumento que sustenta este tipo de operaciones es lograr una gestión más eficaz de los servicios que se prestan a los ciudadanos, llevando a la Administración y a las sociedades públicas los métodos de gestión de las empresas privadas, más eficaces y menos enconsertados, como la propia Junta de Andalucía viene haciendo de acuerdo a los principios de la tan traída y llevada Segunda Modernización. Hay que tener en cuenta, no obstante, que Aguas de Huelva es la joya de la corona, la única de las sociedades municipales que da beneficios al Ayuntamiento ofreciendo a la ciudadanía un servicio de calidad que ni puede ni debe verse disminuido por esta semiprivatización, sino todo lo contrario. La operación debe descartar también tanto un nuevo encarecimiento de los recibos como costes laborales para la plantilla de trabajadores.

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