LA Segunda Modernización de Andalucía iba en serio. En los inicios del presente siglo, la Junta de Andalucía presentó, con una amplia cobertura mediática, un ambicioso plan estratégico para convertirnos en un territorio moderno, europeo, guiado por criterios profesionales, donde las universidades jugasen un papel protagonista y donde el I+D+I pasase de la teoría a la realidad, impregnando a todos los sectores productivos. Tan en serio iba que durante dos años se consultó a unos 300 expertos de diversas disciplinas para que elaborasen un documento que sirviera de base teórica.

El texto final se presentó en 2003 en el Palacio de San Telmo, con el boato habitual. En el epígrafe de la Administración autonómica, en concreto, se concluyó que el mastodonte de la Junta de Andalucía requería de una amplia reforma que la convirtiera en una máquina impulsora de iniciativas, no en un freno. Para ello se hizo una apuesta por la creación de empresas, fundaciones y agencias públicas, regidas por el derecho privado, para hacer más ágil elproceso de toma de decisiones.

Uno de esos nuevos entes fue la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe) cuyo cometido era convertirse en gestor de las políticas activas de empleo. La Faffe (donde acabaron trabajando más de 1.500 personas integradas hoy con calzador en el SAE, duplicando en muchos casos las atribuciones de los funcionarios) manejó y distribuyó durante años decenas de millones de euros. No dudo de que el propósito inicial fuese bueno, pero los resultados prácticos de aquella auténtica administración paralela saltan hoy a la vista con solo echar un vistazo a las cifras de desempleo y repasar las conclusiones a las que ha llegado la Guardia Civil tras meses de investigación del presunto fraude en los cursos de formación.

Tiene razón el portavoz del Gobierno andaluz al subrayar la paradoja de que un juez de Huelva sitúe a la Junta como responsable civil subsidiaria de ese presunto del fraude ya que, en caso de condena, debería pagarse ella a sí misma. Aunque bien pudiera ser que la Junta -es decir, usted, yo y el resto del respetable- debiera devolver la pasta defraudada a la Unión Europea, que al fin y a la postre fue quien sostuvo financieramente el sistema. No en vano, Bruselas mantiene en suspenso desde 2014 la llegada a Andalucía de ayudas del Fondo Social Europeo. Lo tremendo del asunto sería que la Junta quisiera personarse en las actuaciones como parte perjudicada por el fraude, lo que al fin y a la postre le obligaría a ejercer la acusación particular contra sí misma (¿?) o contra los ex altos cargos y funcionarios cuya honorabilidad -al menos, la de algunos de ellos- defiende con tanto ahínco.