Qué esperpéntico sarcasmo resulta pedir a los ciudadanos responsabilidad y convocar elecciones en Cataluña! Lo fue con todas sus terribles consecuencias cuando se demoró el confinamiento por unas manifestaciones y lo es con mayúscula irresponsabilidad ahora en que los comicios catalanes, dicen, favorecen los intereses del gobierno, sobre todo los del propio presidente y algunos de sus socios. Y así desoye olímpicamente la angustiada solicitud de la mayoría de las comunidades para que se extremen las medidas restrictivas o se declare definitivamente el confinamiento. Y así ha resultado irremediable que con la proclama o el pretexto de derrotar al separatismo nacionalista, con el que gobierna, el ejecutivo fuerce las elecciones a pesar de la terrible situación que vivimos, especialmente en Cataluña, y de los riesgos que unos comicios entrañan en pleno auge de la pandemia.

En este desconcertante y trágico panorama leíamos en este mismo diario que numerosos expertos y profesionales sanitarios, los colegios profesionales de la salud de Cataluña -los que nos merecen la mayor confianza y debieran ser los que lideraran las medidas terapéuticas contra el azote implacable del virus- han pedido públicamente ante la presión hospitalaria, que se decrete un confinamiento total "corto, estricto e intensivo", para aliviar la tensión y evitar el temido colapso de los hospitales. Pero nada de todo esto, con su gravedad consiguiente, ha hecho cambiar el empeño electoral y electoralista del presidente del gobierno y la convicción de que el ex ministro de Sanidad, el tardíamente dimitido, Salvador Illa, cuya nefasta gestión y sus tremendas contradicciones han sido bien notorias, será el ganador de las elecciones. Se instituye una vez más la irresponsabilidad, que tanto se ha impuesto en este penoso curso del Covid-19. Y las zozobras siguen cuando PSOE y Podemos acentúan sus diferencias en este trance electoral. Todas estas tormentosas circunstancias permiten al gobierno solapar otro gran problema al que parece que los ciudadanos, como tantas cosas, o ignoran, olvidan u obvian su trascendencia. En un Estado de Derecho, en una democracia plena, es principio fundamental: la independencia de los jueces y magistrados que integran los más altos tribunales de justicia de nuestro país. Y la intromisión descarada del actual ejecutivo en el seno del llamado poder judicial, aprovechando su pendiente renovación, ha planteado un conflicto que no debemos ignorar. Tanto es así que el completo del Poder Judicial, con toda razón, ve con malos ojos la pretendida reforma para modificar el sistema de renovación de los vocales del Consejo, el órgano de gobierno de los jueces, respondiendo así al bloqueo impuesto por el PP. La modificación de la ley que pretenden PSOE y Unidos Podemos con el apoyo de otros partidos, va, según la mayoría de los jueces, en contra de las recomendaciones y advertencias de Europa sobre la politización del órgano jurídico.