Los analistas que hablan con rabiosa insistencia del régimen que gobierna Andalucía desde hace décadas, casi el mismo tiempo, precisan tramposamente, que duró la última dictadura, parecen no tener en cuenta que en la región hay elecciones periódicas a las que concurren listas que ganan o pierden, un Parlamento donde los partidos representados pueden proponer iniciativas o aliarse para sacarlas adelante y una sociedad civil de cuya debilidad -a no ser que pensemos, algo por definición absurdo, que correspondería a las instituciones ocuparse de articularla- no puede tener la culpa ningún Gobierno. Es cierto que el partido gobernante, del mismo modo que otros en las autonomías donde apenas ha habido alternancia, se ha volcado en alimentar redes clientelares que extienden sus tentáculos por todos los ámbitos de la vida regional, donde una legión de comisarios se ocupa de favorecer a los fieles o de hacer ver a los que disfrutan de ayudas que estas no les han sido concedidas por derecho, sino gracias a sus desvelos al frente de una inmensa organización de beneficencia, pero esta manera casi caciquil de proceder, reproducida a mayor o menor escala en las demás burocracias autonómicas, no exime de responsabilidad a quienes no han sido capaces de conseguir una mayoría alternativa. Como muchos otros andaluces, piensa uno que sería saludable que llegara al poder un partido distinto, por una cuestión de mera higiene política, pero la verdad es que tanto el pobre nivel de los candidatos -de todos los candidatos y candidatas y de sus equipos o asesores, cuyo grado de torpeza e infantilismo alcanza cotas preocupantes- como la experiencia de los municipios o las provincias donde han gobernado siglas diferentes, impiden hacerse ilusiones sobre la improbable regeneración que llevarían a cabo. En todo caso, el régimen, en Andalucía como en el resto de España, se llama democracia, y nada impide a cualquier partido formar una candidatura solvente ni convencer a los ciudadanos para que la apoyen en las urnas. Los votantes, por supuesto, son libres para seguir eligiendo a los de siempre y cabe suponer que bastantes de ellos no lo harán con entusiasmo, sino por eliminación, como tantos otros en procesos similares. Todo poder aspira a perpetuarse y el de la comunidad andaluza no es una excepción, salvo por el hecho de que aquí lo ha logrado pese a las carencias que arrastra la región, que no son pocas ni son pequeñas. En lugar de regodearse en los estereotipos para descalificar a los electores como gente retrasada, perezosa e inculta, los opositores harían bien en preguntarse qué es lo que han hecho o siguen haciendo mal para no merecer su confianza.