LA CONSEJERÍA de Medio Ambiente prepara un decreto mediante el que pretende flexibilizar la normativa referente a la construcción de viviendas, casetas y naves en las fincas ubicadas en los parques naturales y agilizar la concesión de autorizaciones para actividades tan básicas como la instalación una valla perimetral. Si el texto actualmente en tramitación y adelantado por este periódico se mantiene tal cual, los ayuntamientos ganarán protagonismo y muchas actuaciones no necesitará de la autorización previa de la Junta.

El decreto supondrá un giro a la política llevada a cabo por la Administración andaluza en los últimos años, cuando en plena efervescencia econonómica intentó poner freno a la proliferación de construcciones de dudoso encaje en estos entornos protegidos. Al amparo de intereses espúreos y de la escasa capacidad de los municipios para llevar un control riguroso de las obras, muchos especuladores hicieron negocio a costa de dañar el patrimonio natural.

La normativa aprobada para atajar esa espiral fue tan restricitiva que la simple reparación de un tejado o la limpieza del cauce de un arroyo requiere un tedioso papeleo que se prolonga en el tiempo y que aleja del medio rural a muchos interesados en conservarlo. La casuística es variada y por eso es injusta toda normativa que haga tabla rasa. La marca parque natural es un distintivo de calidad que permite la llegada de inversiones y ayudas públicas, pero paradójicamente supone también para muchos municipios un freno. La cuestión no es baladí dado que el 33% del territorio andaluz, con un total de 24 parques naturales, está protegido por esta figura.

La clave es el desarrollo sostenible, el punto de equilibrio siempre imperfecto entre el mantenimiento del entorno natural y el bienestar de las gentes que directa o indirectamente hacen de la explotación de los recursos naturales su medio de vida. La crisis económica empuja sin duda a la Junta de Andalucía a tomar medidas que reactiven la economía, aunque la única duda, como ya han planteado los presidentes de algunas de las juntas rectoras de los parques, es si los mecanismos elegidos ofrecen todas las garantías y no supondrán una vuelta a la situación que se quiso corregir.