DE entre las diversas medidas adoptadas por el nuevo Gobierno en sus poco más de dos meses de ejercicio es sin duda la nueva reforma laboral la que más controversias ha suscitado. En mi opinión, sin embargo, son difícilmente discutibles tanto su oportunidad como su carácter valiente y ambicioso, pero dentro de la moderación.

Sobre su oportunidad, con independencia de su incidencia inmediata, estimo que la reforma era necesaria para dar un mayor dinamismo a medio plazo a nuestro mercado de trabajo, a fin de corregir la anomalía de los diferenciales de desempleo, incluso en condiciones favorables, con los países de nuestro entorno. Si estamos dispuestos a resignarnos a esta situación, seguramente no había que reformar nada. Pero esto es incompatible con cualquier planteamiento de bienestar y de progreso en el futuro.

A mi modo de ver, la reforma es valiente, porque toca diversos temas que parecían sagrados (como el de la autorización administrativa de los despidos colectivos) y es ambiciosa por su amplitud y variedad de instituciones afectadas. Probablemente, por ambos aspectos, no haya habido otra reforma de nuestra legislación laboral en el periodo democrático equiparable a esta más que la de 1994. Pero al mismo tiempo pienso que es una reforma moderada, porque lo que hace no es sino continuar en la senda de liberalización y flexibilización de las relaciones laborales que viene de lejos.

Nada más equivocado que decir, como se ha hecho, que con esta reforma volvemos a tiempos predemocráticos. Nuestra inicial normativa posconstitucional asumió en buena medida los esquemas de la franquista en cuanto a la regulación de la relación individual de trabajo, tremendamente rígida, y en la que el Estado asumía un papel paternalista respecto del trabajador, en ausencia de sindicatos libres. Lo que se ha venido haciendo desde entonces es flexibilizar esa regulación, adaptándola a las exigencias de una economía en constante proceso de cambio. Por eso no se entiende que el principal partido de la oposición adopte una postura de rechazo frontal, cuando lo que hizo cuando estuvo en el poder fue algo parecido, aunque se quedara a medio camino.

Por el contrario, tampoco ha habido ninguna revolución. Lo hubiera sido, por ejemplo, problemas de constitucionalidad aparte, si se hubiera instaurado el despido libre o se hubiera acabado con la eficacia general y normativa de los convenios colectivos estatutarios. Pero nada de esto hay, para decepción de los ultraliberales.

Una cosa, no obstante, es evidente: la reforma favorece más los planteamientos empresariales que los sindicales. Pero ello probablemente era inevitable. El Gobierno sabe bien que de esta situación sólo podemos salir con la colaboración de todos. Pero indudablemente, en una economía de libre mercado, son los empresarios los que tienen que tomar la iniciativa, los que primero tienen que tirar del carro. Por eso hay que dar facilidades y confianza, y sobre todo, quitar miedos. Hacer ver que hay soluciones para las eventualidades que se presentan en el devenir de la empresa y que por lo tanto la contratación, y en particular la indefinida, no es una especie de condena irredimible.

En cuanto a los trabajadores, se podrá decir incluso que con esta se reforma se producirán más despidos. En el corto plazo es posible que así sea. Pero lo normal es que no haya ni más ni menos, en términos globales, que los que las circunstancias económicas exijan. Con una particularidad: la mayor facilidad y el menor coste para hacer ese ajuste necesario redundará seguramente en una más rápida recuperación, pues habrá más disponibilidad de recursos para la subsistencia y reactivación de las empresas.

Es posible que con ello se produzca un cierto efecto de sustitución, pero tampoco me parecería un disparate si con ello comienza a darse entrada en el mercado a esa bolsa de jóvenes en paro que pesa como una losa insoportable sobre nuestra sociedad. Razonablemente no es previsible que las empresas vayan, de manera generalizada, a prescindir de trabajadores cualificados y contrastados y con experiencia por otros que no tengan esas características. Menos en una economía que cada de vez se presenta con mayores exigencias de competitividad.

En definitiva, la reforma tendrá aspectos positivos y negativos, más o menos discutibles. Pero debemos de huir de análisis catastrofistas que carecen de fundamento real. La estructura básica del Derecho del Trabajo en España sigue estando ahí, no se ha demolido. Simplemente se han dado algunos retoques, importantes, pero siempre en la línea de lo que se venía haciendo hasta ahora y de lo que se está haciendo, y exigiendo, en toda Europa.