ES normal que preocupe la delincuencia juvenil, incluso aunque fuera un problema poco frecuente. Por un lado, está el egoísmo personal de no querer ser uno, ni los allegados, víctima de sus consecuencias y, por otro, la preocupación solidaria -que no es incompatible con lo anterior- por unos jóvenes que van marcando sus vidas por unos senderos no apropiados y que pueden convertirse en carne de presidio, aparte de otros infortunios. Hay que tomar medidas, qué duda cabe. No obstante, en este ámbito surgen diversas dificultades para atajar el problema. Entraré sólo en algunas, como son el que no es fácil, a pesar de que pudiera parecer lo contrario, definir lo que es delincuencia, así como tampoco lo que es joven. Con respecto a lo primero podría decirse que se trata de realizar una conducta prohibida por la ley pero, también, que tal denominación depende de quién la ejecute, lo que nos llevaría a hablar de determinados sesgos en la valoración y de que existen comportamientos delictivos no desviados y otras cuestiones adicionales. Pero me centraré más en lo segundo. La delimitación temporal de la infancia, adolescencia y adultez es crucial en este contexto porque implica fijar la mayoría de edad penal y ¿existe acuerdo universal al respecto? La respuesta la daré con unos pocos datos -no actualizados pues son de 1995, pero que sirven para esta exposición-. Las variaciones en la responsabilidad criminal van desde los 7 años -¡qué barbaridad!- en Irlanda, Liechtenstein, Singapur, Suiza y Estados Unidos, hasta los 18 en Bélgica, Luxemburgo, Perú, Siria, Rumanía y España, donde hay una legislación y unos tribunales especiales para los jóvenes de entre 16 y 18 años, con la Ley Penal Juvenil.

Hace un par de días, Rajoy ha prometido que si alcanza la presidencia del Gobierno habrá más mano dura y, como prueba, rebajará la edad penal a los 12 años. Bien, supongamos que lograra su objetivo y que se sentara en el sillón de La Moncloa, ¿arreglaría eso la delincuencia juvenil o, por lo menos, la reduciría? No, tan sólo acarrearía nuevos problemas a los existentes y con esto no quiero defender la laxitud en las normas de la que hacen gala ciertos sectores pseudoprogresistas. Las medidas de este tipo no se destacan por ser eficaces, además requerirían sustanciales dotaciones económicas y una sensibilidad exquisita en el tratamiento de los casos para no generar una estigmatización que consolidara lo que se pretende evitar. ¿Por qué no piensa mejor en cómo erradicar la pobreza y la exclusión social? Desde luego, propuestas de esta clase sólo son comprensibles enmarcándolas en la fiesta de la demagogia que acompaña a los procesos electorales.