En los últimos años se nos ha estado aleccionando sobre la importancia del uso del lenguaje como instrumento contra la discriminación, de tal manera que el Gobierno, haciendo suyas las reivindicaciones de colectivos feministas, ha legislado normativas de obligado cumplimiento en cuanto al lenguaje no sexista para evitar la discriminación por motivos de género y evitar herir sensibilidades.

Esto, que como concepto está bien, se ha llevado al ridículo por algunas dirigentes, generalmente del ámbito de la izquierda más radical, de Podemos y su entorno, promoviendo incluso un llamamiento a incumplir las normas y recomendaciones gramaticales de la Real Academia de la Lengua, creándose un lenguaje artificioso y duplicado que evita los genéricos, exigiendo nombrar ambos géneros incluso en nuestras conversaciones coloquiales para evitar herir sensibilidades.

Lo que llama la atención es que sean tan vehementes en lo que creen que esta bien, pero tan relajadas en lo que no les conviene. Estos mismos dirigentes, en el caso de los independentistas juzgados, condenados y presos, sí que tienen mucho cuidado en especificar que son presos políticos; o cuando se refieren a presos de la banda terrorista ETA condenados por matar personas les llaman integrantes de banda armada en el conflicto vasco, cuando en realidad la denominación correcta es delincuentes y asesinos.

En España, por fortuna, tenemos una democracia especialmente garantista en la que cualquier ciudadano conoce las leyes que se le van a aplicar de antemano, sabiendo que si las incumple es un delito del que serás juzgado con todas las garantías procesales y, en su caso, serás condenado y encarcelado por delincuente. De esta manera, igual que nadie dice economistas presos, abogados presos o fontaneros presos sino defraudadores, falsificadores de documentos o cualquier otro delito que hayan podido cometer, en el que su profesión es lo de menos, no entiendo por qué, en el caso de los políticos que han incumplido las leyes y han sido condenados por delincuentes, se les tiene que distinguir del resto por su profesión, como si su delito fuera menos o pertenecieran a una casta especial con permiso para incumplir las normas establecidas.

Este doble lenguaje es tan ofensivo para las víctimas de ETA o para los que están conformes con la España constitucional como lo es el lenguaje machista para la sociedad. Lo que pido es un poco de coherencia: si tan ofensivo es el lenguaje, lo es en todos sus ámbitos. No podemos ampararnos en lo políticamente correcto para unas cosas, porque da o quita votos, y llegar al ridículo con lo que se piensa no afecta políticamente a nuestros intereses.

Utilizar términos ambiguos para enmascarar un delito, como el caso de los presos políticos, nos lleva a que un país como Rusia, con una calidad democrática muy cuestionable, nos iguale en la aplicación de los derechos humanos en el trato a los ciudadanos, en este caso a políticos, y esto sí que es ofensivo para España y para sus políticos y políticas.