Si hay una persona especialmente polémica y desestabilizadora en el Consejo de Ministros, esa es Irene Montero, titular del ministerio de Igualdad tan prescindible o asimilable a otro para reducir el abusivo e ingente número de titulares, que supone un escandaloso despilfarro en sí mismo y mucho más dadas las circunstancias económicas que sufrimos. Su capacidad de provocación, su habitual dialéctica compulsiva, especialmente incisiva e hiriente, convierte sus intervenciones en inevitables y ácidas confrontaciones parlamentarias. Así fue en su actuación el pasado miércoles, día 21, en la comisión de Igualdad del Congreso, donde defendió "el derecho de los niños a recibir educación afectivo sexual", promoviendo sus relaciones sexuales, que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el "consentimiento".

Vox y Ciudadanos han pedido la renuncia o cese de la ministra en el entorno de una reacción generalizada en contra de estos criterios, que ponen en entredicho la literalidad de las palabras de la señora Montero, que, como es habitual en el partido en el que milita, se ha apresurado a denunciar un ataque de la ultraderecha contra ella. Como quiera que sea y sin entrar en un análisis más profundo sobre tan delicado tema que excede la extensión de esta columna, sigue faltando en este país un sistema, un concepto sólido y formativo sobre la educación sexual de los niños, que obviamente debe estar en manos de personas que más allá de cualquier ideología emprendan la cuestión con coherencia, ponderación y más altura de miras.

Igual suerte debieran correr las normas fiscales que rigen en España. Llegar a consensos productivos y eficaces igualarlos a la baja y liberar al ciudadano de impuestos elevados e injustos - los privilegios forales -, menos Estado y más dinero en los bolsillos del contribuyente. Proscribir definitivamente el insaciable afán recaudatorio de los gobiernos, central y comunitarios, y, como ya ocurre en algunas comunidades, desterrar definitivamente los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones - tal como han hecho países de nuestro entorno -, lo que atraerá a inversores y emprendedores y fomentará el empleo. Dejémonos ya de amenazas y guerras entre Comunidades, que tanto hemos celebrado como panacea contra la centralidad, y garanticemos el cumplimiento de las competencias que tan generosamente se les concedieron. Gestión y recaudación, la justa y no abusiva; administración y no despilfarro. Además de una mejora urgente en el sistema fiscal y una solución definitiva en la financiación de las autonomías, es necesario un proyecto de futuro que garantice el estado de bienestar. A nada conduce ese debate estéril y apolillado entre pobres y ricos y la anacrónica lucha de clases que es el camino a ninguna parte. Las comunidades con impuestos más reducidos - como también otros países, justo aquí al lado - progresan satisfactoriamente en su actividad económica.