Siempre conviene esperar a calibrar las consecuencias del resultado de unas elecciones. Vemos cuantas precipitadas opiniones deberían considerarse con mayor ponderación y prudencia. No es muy habitual donde abunda la compulsión y la vehemencia. Hay perspectivas que por el momento es arriesgado aventurar. Más nos vale reaccionar con prudencia y no precipitarse en posibles extrapolaciones sobre todo cuando no está clara la fecha de convocatoria de elecciones. Conviene afrontar una seria y profunda reflexión sobre lo que ha motivado una reacción tan significativa de los votantes andaluces en unos comicios donde una gran preocupación, creo yo, es la escasa participación. Es fácil advertir que en la abstención, aunque no sea la manera más indicada en democracia, es también una muestra de evidentes rechazos.

Analizar, con la amplia perspectiva que nos brindan los días transcurridos, incluso algunas consecuencias sobrevenidas, es un examen ciertamente complejo. Pero todavía estamos asombrados de la sorpresa de algunos con la mayoría absoluta del PP. No cabe duda de que esa actitud menoscaba la decisión de esa superior cantidad de votantes que eligieron a los populares. Los mismos y muchos más que no fueron a los colegios electorales, valoraron la labor del ejecutivo andaluz en esta última legislatura y asimilaron la desafortunada gestión socialista de años anteriores, así como el efecto nefasto de los malhadados ERES y otras fechorías corruptivas, de las que los populares no hicieron arma arrojadiza en campaña, pudiendo hacerlo, y de los que algunos están ya pagando con la cárcel como estamos viendo aunque no tengan apenas eco en ciertos medios informativos.

Pero está claro que no sólo eso, con ser bastante, influyó en quienes decidieron votar al PP. También la situación política en general que tiene al país sumido en una tremenda crisis y al gobierno de sobresalto en sobresalto y en crispaciones múltiples que él mismo alienta con sus vaivenes ideológicos, su servidumbre a sus socios en la gobernanza de extrema izquierda, oponiéndose muchas veces a sus propias decisiones y los independentistas y filoetarras que le apoyan, además de sus palmeros activistas mediáticos, singularmente afectos a la desinformación que tanto practica, disponiendo medidas para el adoctrinamiento y la censura. Autocracia pura y dura.

En esa línea el gobierno no cesa en su empeño de manejar el poder judicial renovando el Tribunal Constitucional y lograr una mayoría "progresista", es decir a su favor. El órgano debe renovar cuatro magistrados pero no puede hacerlo estando en funciones. Hay dos vías para que sea posible la renovación: la aprobación de una disposición transitoria y modificar parcialmente la reforma, habilitando al CGPJ para designar estos nombramientos o estimar los recursos presentados por PP y Vox contra la reforma y anularla por inconstitucional. Pero Sánchez ha activado el plan optando por la primera opción.

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