La situación en la que se encuentra el sistema público de pensiones no es casual, es fruto de una opción política que va en dirección contraria a la justicia. Una opción política que parte del supuesto injusto de adaptar el sistema de pensiones a un modelo socioeconómico neoliberal basado en el crecimiento que busca la máxima rentabilidad. Un sistema socioeconómico sustentado en el empleo precario y en el debilitamiento de los derechos sociales, en lugar de un modelo que responda a las necesidades sociales.

La última reforma del sistema impuesta por el Gobierno en el año 2013 hace prevalecer el objetivo de contener el gasto y reducirlo. La consecuencia es que cada vez es más difícil acceder a una pensión justa y digna. Es una política que se sustenta, como ya hemos señalado, en la precarización del empleo, con lo que en el futuro los trabajadores tendrán pensiones más bajas e insuficientes para una vida digna, como ya les está ocurriendo a la mitad de los pensionistas.

Esta realidad incumple un deber básico de justicia: garantizar una pensión decente a nuestros mayores. Este deber es un deber de toda la comunidad política y está vinculado al derecho de toda persona a vivir con dignidad, un derecho humano fundamental y que está reconocido en el artículo 50 de nuestra Constitución.

No es un problema de sostenibilidad, como nos dicen, es un problema de falta de justicia en la redistribución y el uso de la riqueza, es un problema de no situar los derechos de las personas por encima de la economía, es un problema de acción política. Los derechos sociales han de ser garantizados por sí mismos, en cuanto derechos humanos fundamentales y no pueden depender sólo del empleo. Los recursos para financiar el sistema de pensiones no deben provenir sólo de las cotizaciones, tienen que estar garantizados por ley a través de los presupuestos del Estado y de un sistema fiscal más justo. Hay que transformar el sistema económico, el modelo en el que estamos inmersos, que no es el mejor posible. Hay que transformar las relaciones laborales para que sean la clave de un trabajo y una vida digna.

Se hace esencial la apertura, ya, de un diálogo social sobre las pensiones, articulando políticas públicas que den respuestas a las situaciones actuales y que garanticen un sistema público de pensiones justo, sostenible y solidario, si queremos ser una sociedad decente, una democracia decente y un país decente.