EL mayor misterio de todos los años en el sector agrícola onubense es cómo habiendo miles de parados en la agricultura de la provincia, se necesitan decenas de miles de extranjeros para las campañas de la fresa. El último testimonio que se conserva de alguien de la Administración alude a fallos en la inspección laboral para explicar este misterio. Sin embargo, todo apunta a que a nadie le interesa activar a los parados autóctonos en la agricultura.

El precio del salario de un inmigrante puede ser inferior al de un autóctono. En esto está, por ejemplo, una de las claves del control de la inflación, descontrolada por otra parte a estas alturas, según los últimos datos oficiales publicados.

Que el precio del trabajo no se dispare interesa a los empresarios, a los sindicatos y al Gobierno. Y si a ello se suma el hecho de que la política de contratos en origen, de la que Huelva es referente nacional, consigue que la inmigración se encauce por el camino de la legalidad, se puede dar por bueno que haya miles de parados agrícolas en la provincia mientras entran otros miles de extranjeros a la fresa: cobran menos que el autóctono, evitan que se disparen los salarios por extensión al resto de la agricultura, colaboran en la ordenación del segmento migratorio, y todo a costa de un precio relativamente menor como es el mantenimiento con fondos públicos del volumen de parados agrícolas que no se activan.

Es, al fin y a la postre, una manera de financiar el control de la inflación con el dinero que se le da a los parados autóctonos, de pagar la normalización migratoria, y todo gracias al acuerdo tácito entre eso que se ha dado en llamar agentes sociales.