EL miércoles de la semana pasada publicaba el BOJA la orden por la que se convocan las oposiciones andaluzas de Enseñanza Secundaria. Meses de regateos entre las administraciones central y autonómica, meses de ansiedad para decenas de miles de opositores andaluces, han desembocado en un resultado frustrante.

A lo largo de todo el proceso la Junta de Andalucía ha jugado magistralmente con los números, y cínicamente con las personas. Necesitaba una gran cifra para demostrar que Andalucía era diferente de la "España azul", en la sospecha de que no sería el actual gobierno autonómico quien habría de pagar los platos rotos. 2389 plazas de Secundaria.

Pero incluso amparándose en los Presupuestos Generales del 2011, que establecían una tasa del 30% de reposición de las jubilaciones, la Junta sólo se sintió autorizada para sacar 637 plazas. Según fuentes de la Consejería de Educación, sería menos de lo que habrían permitido las cerca de 3.000 jubilaciones estimadas para el presente año. De hecho, esto era forzar ya mucho la máquina legal. Cualquier que lea la ambigua ley andaluza del Presupuesto sin los sofisticados anteojos de un experto jurista, no encontrará en ella ninguna tasa de reposición superior al mismo 10% que el real decreto-ley de medidas urgentes, publicado también el 31 de diciembre, ha impuesto a escala nacional.

Para el resto de plazas había que acudir a un truco contable: sacar a oposiciones puestos consolidados y ocupados desde hace años por interinos, amparándose en una disposición transitoria del Estatuto Básico del Empleado Público. De esa forma, el costo era cero: la Junta ya pagaba esas 1.752 plazas y, si el PSOE perdía las elecciones andaluzas, siempre podría decir que el PP había echado a 1.752 interinos a la calle.

La cosa, no obstante, se complicaba, y no sólo por el calculado solapamiento temporal de las medidas nacionales y autonómicas. La estrategia del "hecho diferencial andaluz" implicaba que nuestras oposiciones quedaban prácticamente solas en el yermo panorama nacional. Se había expuesto un bocado demasiado suculento en un mercado laboral demasiado famélico. Lógicamente, millares de opositores acudirían a Andalucía, algunos procedentes de comunidades a cuyas oposiciones un andaluz no puede acceder sin un certificado específico de idiomas. Entretanto, se acababa de imponer a los interinos más recientes la obligación de superar una de las pruebas de oposición para mantenerse en las bolsas de trabajo: una obligación tanto más difícil de satisfacer en las próximas oposiciones debido a que la desproporción entre demanda y oferta obligará a extremar el rigor en las correcciones. Sumemos a ello la errática actuación de los gobiernos centrales con los temarios. Los opositores andaluces -parados, trabajadores del sector privado o interinos- no tenían motivo para estar contentos.

Y ahora el BOJA nos obsequia con un último y magistral baile de números. De las 2.389 plazas ofertadas, sólo 1.244 son de turno libre. Más de la mitad de las plazas de profesores de Enseñanza Secundaria ofertadas (965 frente a 819) se reservarán a la promoción interna, que permite a maestros que ya trabajan para Educación, en cualquier punto de España, acceder a la condición de profesores. Curiosamente las plazas reservadas a discapacitados se descuentan sólo del turno libre. Curiosamente, la promoción interna vuelve a olvidarse del cuerpo de catedráticos. Sin duda, llueve sobre mojado. El procedimiento repite el efectuado en las oposiciones del 2010: un "concurso encubierto" para muchos. Pero esa reiteración no la hace más excusable. En una situación de crisis como la actual, resulta irresponsable jugar con las expectativas de miles de familias deslumbrándolas con cifras engañosas.

En suma, cualquier opositor, externo o interino, que, desde cualquier punto de España, quiera acceder a la condición de profesor de Enseñanza Secundaria y no padezca una severa discapacidad, tendrá que luchar con uñas y dientes por una de las 819 plazas que quedan como residuo. En la especialidad en la que mayor es la oferta, Geografía e Historia, las plazas de turno libre se reducen a 182. En Griego sólo son 3. ¿Cuántas plazas reales se crean? Ninguna. ¿Cuántas se destruyen? siete de cada diez jubilaciones; si hemos de creer a la propia Junta, no menos de 1.500 plazas. Y todo ello sin contar con futuros recursos desde el Gobierno central, o con eventuales estrategias dilatorias en caso de cambio de Gobierno autonómico en marzo. Como es su costumbre, la montaña ha vuelto a parir un ratón.