Ahora que contemplamos -si es así- muchos indiferentes, indolentes, despistados, asombrados -alucinados, dirían los amigos del idioma al uso-, apegados otros a sus fidelidades incondicionales, alarmados, soliviantados también profesores, maestros, educadores, padres, madres y alumnos, injustamente perjudicados, por la aprobación el pasado jueves, día 19 de la nueva ley de educación llamada Lomloe o Ley Celaá, una aberración sectaria, una imposición donde la ideología supera la intención docente y formativa, perfectamente inconstitucional, tampoco nos alarma que los nacionalistas de ERC exijan al presidente Sánchez que deje el delito de sedición en una pena sin prisión efectiva : dos años. Como si el jefe de Gobierno, estuviera por encima de la justicia, despreciando la independencia judicial, demoliendo los principios constitucionales que nos rigen. En una palabra posicionándose sobre la más elemental democracia. A unos porque le importa un pepino, ya lo han dicho, otros, también lo han dicho, porque han venido a dinamitar el sistema.

Todo por apropiarse unos y otros, detentadores de un nacionalismo y un populismo trasnochados, de los resortes del poder y de los mecanismos de la constitución como lo demuestra claramente la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de una Proposición No de Ley de Unidas Podemos (con el voto del PSOE), instando al Gobierno a legislar para que los operadores tecnológicos de internet y redes sociales estén autorizados, y obligados, a la eliminación en 24 horas de mensajes que supongan un discurso de odio. Imposición que choca directamente con los más elementales derechos fundamentales de la libertad de expresión que sustenta la institución democrática y el derecho libre a toda información. De ser así nos conduce inexorablemente a un régimen totalitario y bolivariano. El sueño de Pablo Iglesias y sus huestes. El pretexto es el odio. Pero ¿quién fomenta el odio? ¿Quién suscita el enfrentamiento, la referencia al pasado ya superado, la dialéctica del revanchismo y la ruptura de España? Es insólito proponer este tipo de introspecciones en materia de información y comunicación, legalmente hablando, cuando, todo ello está penalmente regulado y sancionado en nuestro Código Penal.

Es como las especulaciones planteadas en la administración de la vacuna contra el Covid-19, en fechas y estrategias. Parece un tanto prematuro a no ser que el presidente, que tras sus insomnios ha acabado Durmiendo con su enemigo, quiera ir adelantándose méritos. Algo que en esta pandemia de tan compleja estimación, tanta polémica y tanta falsedad por parte del ejecutivo que habló de un comité de expertos antes invisible y ahora inexistente, no permite mucha credibilidad que ha ido perdiendo a chorros. Mejor no adelantemos acontecimientos. Que los científicos hagan su trabajo. El Gobierno ya tiene bastante con los problemas que acucian al país y los que sus propios socios de gobierno le plantean.

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