La Covid-19 ha venido a poner de manifiesto las inequidades en salud debidas a las condiciones sociales y económicas de las personas. Al igual que ocurre con las enfermedades crónicas y el cáncer, el SARS-CoV-2 está afectando principalmente a los residentes de las zonas más deprimidas, donde la incidencia de la enfermedad y la mortalidad son mayores. Es en esta población donde se encuentra la mayor disparidad racial, el hacinamiento en las viviendas, los trabajos precarios y unos recursos económicos escasos que, en la mayoría de las situaciones, son insuficientes para llevar una vida digna.

Hacer patente esta circunstancia no implica estigmatizar a las personas por el lugar donde residen, su raza o su situación socioeconómica, sino dirigir la atención hacia la importancia de establecer una comunicación adecuada con ellas, al tiempo de facilitarles el apoyo social y sanitario que precisen para frenar la transmisión de la enfermedad.

Las actuaciones más efectivas frente a la pandemia son las preventivas, tales como el aislamiento de los casos y los contactos, y la información sobre las medidas de protección que deben seguirse. Y corresponde a los profesionales de atención primaria, médicos y enfermeros de familia, realizar el cribado, diagnóstico y seguimiento de los afectados, que deberán permanecer confinados en sus viviendas hasta que finalice el riesgo de contagio. Son estos mismos profesionales los que deben establecer una comunicación efectiva con los pacientes para que las medidas impuestas sean comprendidas, superando las barreras idiomáticas y culturales que con mucha frecuencia están presentes. Dadas las repercusiones que para la salud pública tiene el cumplimiento del aislamiento, se hace necesario establecer un proceso comunicativo con los pacientes, que vaya más allá de la simple notificación de las actuaciones sanitarias a seguir. Porque, mientras que la información es unidireccional, la comunicación es interpersonal y bidireccional facilitando la comprensión de lo transmitido. Hay que garantizar, por tanto, que todas las personas afectadas han entendido el alcance de la emergencia sanitaria, porque de ello depende, en parte, el cumplimiento de las medidas de prevención y la contención de la epidemia.

Para ello, habrá que adoptar lo que en medicina se ha venido en llamar la toma de decisiones compartidas, donde los profesionales y los afectados por la enfermedad acuerdan las acciones a seguir en el marco de las medidas de salud pública, pero teniendo en consideración sus condiciones de vida y las posibilidades de cumplimiento de estas.

Por tanto, compartir las decisiones no es solo un proceso aplicable al diagnóstico y al tratamiento, sino también a la prevención de las enfermedades, en tanto que mejora los conocimientos y la percepción del riesgo, aumentando el compromiso y responsabilidad de los pacientes. Es esta responsabilidad la que buscamos en ellos, este hacerse cargo de sus comportamientos, más si cabe, cuando de estos depende la salud de los demás. Pero, para tomar decisiones responsables no solo se requiere el conocimiento de las acciones para prevenir la enfermedad, sino que es un requisito ineludible tener la posibilidad de llevarlas a efecto, lo que puede resultar más difícil en las personas con menos recursos económicos. Es por lo que, las instituciones públicas tendrán que poner a disposición de los afectados por la Covid-19 los medios necesarios para facilitar su cumplimiento ya sean lugares residenciales temporales o cualquier otro apoyo social que necesite ir asociado a las medidas sanitarias.

La capacidad de las personas para entender una emergencia de salud pública como la causada por la Covid-19 depende, en parte, de cómo se transmita la información sobre su prevención, la cual deberá considerar las desigualdades sociales y educativas de la población a la que se dirige, adaptándose a sus condiciones culturales para que pueda ser comprendida por todos.

Junto a la atención sanitaria, habrá que desplegar políticas sociales que favorezcan el seguimiento de las medidas de prevención, que en las clases más desfavorecidas pueden ser de difícil cumplimiento.

Porque, a decir de J. Cohen, director de Public Health Program at the Open Society Foundations, "en las emergencias sanitarias no es autoritarismo el imponer medidas para salvar vidas, sino exigirlas sin dar a las personas los medios para hacerlo", y en ello nos jugamos la salud de todos.