En España hay una pasmosa facilidad para ponerle etiquetas a todo. Y lo peor es que la etiqueta se queda para toda la vida. De ahí la asombrosa costumbre a endosarla con peligrosos añadidos que exageran el epíteto, lo acentúan, agravan y criminalizan hasta extremos inconcebibles. Eso sí, depende del que opine y en contra de quien lo haga. Dijo la reprobada ministra de Justicia, Dolores Delgado, que hasta la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía "todos los partidos" del arco parlamentario, incluidos Bildu, ERC y PDECat, eran "plenamente constitucionales, están aceptando la Constitución", planteándose qué hacer con los que "antes de iniciar su andadura política la rechazan". Es una solemne falsedad cuando estamos hartos de ver como las formaciones citadas, de rango nacionalista, han abjurado de muchos principios constitucionales y de la Constitución misma, proclamando su independencia o su autodeterminación. Muchas son las opciones para la reforma constitucional, incluidas las manifestadas en las encuestas realizadas estos días.

Propende al asombro y a la perplejidad la inveterada tendencia y lo fácil que resulta para muchos hablar de "extrema derecha" y se resistan a citar a la "extrema izquierda". Ocurre con Podemos, que, negados a toda autocrítica, caen de nuevo en estimación de voto sin reconocer que las clases trabajadoras, a las que tanto dicen defender, no se sienten representadas por lo fragmentario de su discurso, cargado de un populismo engañoso, proclamando la igualdad cuando su dirigente se compra un chalet carísimo, vigilado por la Guardia Civil que pagamos todos. Predicar el miedo es tan deleznable como propagar el odio que tanto cultivan muchos. Un binomio explosivo contrario a la coherencia, la convivencia, la tolerancia, el respeto a la voluntad popular y el acatamiento a los resultados de las elecciones, como principio democrático inalienable, y sobre todo consenso, única forma de emprender una posible reforma de la Constitución. Los radicalismos extremistas no conducen más que a la confrontación y al caos.

La Constitución y su aplicación -que no siempre se cumple-, son la mejor garantía de convivencia, libertad y respeto a la voluntad del pueblo. Andalucía, así parece, va a vivir un cambio histórico y sustancial. No se puede contrariar la voluntad popular y los resultados de un sistema asambleario. Hablar de "cinturones sanitarios" es contrariar el sentido de la realidad y resulta absolutamente antidemocrático. Muchas han sido las circunstancias -demasiada arrogancia, demasiada prepotencia, demasiados recortes, deficiencias educativas y sanitarias, excesiva abstención…- que han determinado este cambio y entre ellas lo que constituye el principal problema que vive España: el nacionalismo catalán y la amenaza de ruptura del país. Los comportamientos del Gobierno, de éste y del que le precedió, respecto a este conflicto, han pesado mucho en la decisión de los andaluces.