T ODAS las personas nos formamos una idea del pasado como resultado de la historia aprendida y transmitida y de nuestras propias vivencias personales. Con estos mimbres formamos nuestra memoria histórica particular y nos posicionamos en consecuencia sobre las decisiones futuras que se adopten. Uno puede cuestionar la historia aprendida y plantearse si esta era parcial o no lo era, pero lo que no se cuestiona ni se olvida son los acontecimientos vividos, que de alguna manera nos dejaron marcados, en muchas ocasiones de manera traumática, y que no necesitamos que nadie nos cuente que sucedió.

De entre este pasado reciente, no puedo olvidar, como millones de españoles que lo vivieron, aquel día en el que toda España, sin diferencia de signo político ni edad, salió a la calle para exigir la liberación de Migue Ángel Blanco, ni de cómo fue corriendo la noticia, que recibíamos con estupor e incredulidad, de que había sido finalmente asesinado con un tiro en la nuca.

Si nos remontamos un poco más atrás en el tiempo, tampoco puedo borrar de mi memoria aquellas imágenes del atentado de Hipercor, de los cuerpos irreconocibles y destrozados y de las personas ensangrentadas con la mirada llena de incredulidad. Yo mismo había estado atascado en el parking de un Hipercor el día anterior y podía entender el horror que tuvieron que vivir esas personas y lo indiscriminado y absurdo de este acto.

Los asesinos que hicieron estos imperdonables actos están hoy en la cárcel, así como los que participaron de otros similares, que es donde deben estar. Precisamente porque no necesito que nadie me cuente lo que pasó, no entiendo las negociaciones que realiza nuestro Gobierno, como pago por un compromiso político a unos socios de Gobierno que no terminan de condenar unos hechos imposibles de justificar. La jugada consiste en comenzar con el acercamiento de más de 170 presos de ETA, muchos con delitos de sangre, a sus casas. La sociedad a regañadientes aceptará esta medida, al fin y al cabo, es cierto que las condenas se pueden cumplir tanto en una cárcel del País Vasco como en una de Huelva.

El segundo paso, una vez aceptado que pueden cumplir condena en un entorno más familiar, es entregar las competencias de prisiones a un gobierno que entiende de otra manera una forma de actuar que millones de españoles ni olvidaremos ni entenderemos nunca, como lo son los atentados terroristas como medio para reclamar me da igual qué. No quiero pensar que exista un tercer paso, dejando en manos de nuevas generaciones a los que les contaron una determinada versión de la historia, el adoptar una nueva decisión con el justificante de la normalidad democrática y que hay que olvidar el pasado.

Esto también es memoria histórica, podemos cuestionar lo que nos contaron, pero nunca lo que vivimos en persona. No es cuestión de izquierdas o de derechas, es cuestión de amparar a los asesinos o a sus víctimas, en esto si hay bandos cada uno que se sitúe donde su conciencia le dicte.