EL Ayuntamiento de Marbella ha aprobado esta semana el primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el que cuenta esta ciudad en 23 años y que sirve para poner fin a una etapa de desmanes urbanísticos vivida durante la era del GIL y sus gobiernos satélites posteriores, que dieron paso a la corrupción política desvelada por la conocida Operación Malaya. La normativa, que ahora tendrá que refrendar la Junta de Andalucía, recibió un respaldo suficiente de la Corporación actual con el sí de 24 de los 26 concejales que la integran. El modelo diseñado en su día por el arquitecto Manuel González Fustegueras, que curiosamente empezó a trabajar en el proyecto en 2004 con Marisol Yagüe en la Alcaldía, contempla un sistema de compensaciones por parte de los promotores como condición para normalizar la situación legal de unas 17.000 viviendas. No es el caso de otros 1.000 pisos vacíos y 500 ya ocupados, que quedan fuera de ordenación y sobre los que pesa la posibilidad del derribo. Apartamentos de varias urbanizaciones, entre ellas los 300 de Banana Beach, el símbolo del gilismo, con una orden de demolición sobre la mesa, y sobre los que hasta última hora la actual alcaldesa del PP, Ángeles Muñoz, trató también de regularizar, para desistir finalmente por la oposición de la Junta. Éste es sin duda el punto más conflictivo del nuevo ordenamiento. Fue una de las tres administraciones básicas del Estado, el Ayuntamiento, la que se saltó la ley. Porque los inmuebles se edificaron con licencia municipal y los dueños recibieron autorización para su primera ocupación. Las casas quedaron registradas legalmente y escrituradas ante notario. Los propietarios abonaron sus tasas de basura y recibieron suministro eléctrico y de agua corriente en los hogares. Y la Junta, la Administración que debía velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas, no impidió que se levantaran esos bloques ni tampoco desistió de cobrarles los impuestos que generaron, como el de Transmisiones. La petición de responsabilidades por todo lo ocurrido que pueden exigir los grandes perjudicados por esta cadena de errores, que salpica a muchas instituciones, es amplia. Pese a todo el camino emprendido por el Ayuntamiento marbellí era el único posible. Lo contrario sería admitir que el urbanismo es una actividad al margen de la ley.