No es nada habitual que en una ciudad como la nuestra, tan relajada siempre, se den varias manifestaciones callejeras al unísono. En sólo cuatro días, miles de onubenses han denunciado esas situaciones injustas que nuestros responsables políticos no saben o no pueden mejorar. El pistoletazo de salida fue el pasado 24 de noviembre cuando retumbaron en el centro los gritos contra las reválidas. La jornada del sábado 26 se aprovechó en la Avenida de Andalucía y, con fiesta, mostrar repulsa por los desahucios. Al mismo tiempo, mil quinientas personas recorrían la marisma rociera como protesta ante el almacenamiento de gas en Doñana. El domingo 27, la amenaza de lluvia no fue obstáculo para que las calles se llenasen de voces contra la gestión de la sanidad pública.

Que existe atropello a los derechos sociales y ambientales es un hecho. Que siempre hay otras cuestiones a las que los responsables políticos, por desconocidos intereses, dan prioridad sobre las esenciales, también. Que a veces es necesario zarandear las conciencias, igualmente. Admitiendo que existen otras vías de denuncia, la protesta callejera, como acto libre y voluntario, es una reacción ante lo que se considera un atropello a los derechos. Los que salen a la calle, con o sin pancarta, y vuelven afónicos de gritar sus demandas, lo hacen convencidos de su efectividad. Otras personas prefieren otros medios para denunciar lo que consideran injusto. Hasta aquí, bien.

Lo desconcertante empieza cuando se repara en ese tercer grupo de descontentos que antes que manifestarse en la calle o con la constitución bajo el brazo, opta por la más cobarde de las actitudes: protestar de los que protestan y, no satisfechos, divulgan su versión (la verdadera, según ellos). Según éstos, los estudiantes se manifestaron no como repulsa a la actual ley educativa, sino para librarse de las clases. Si fueron tantos a exigir una sanidad digna, no fue por los pésimos resultados de la fusión hospitalaria, sino porque los simpatizantes del PP aprovecharon la oportunidad de denunciar al PSOE. Si los de la plataforma de los afectados por la hipoteca se reunieron pacíficamente no fue para mostrar su adhesión y lucha por el derecho a la vivienda, sino porque son todos unos perroflautas que les gusta exhibirse.

Sólo queda esperar que esa labor destructiva, injusta e ignorante no consiga arrasar con las ilusiones de una ciudadanía que todavía, y a pesar de todo, cree que el cambio es posible.