EL Cagalera y su hijo -El Diarrea, naturalmente- acaban de ser absueltos de un delito de narcotráfico porque las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación policial fueron autorizadas irregularmente. Los dos narcos gastroenteríticos irán, no obstante, a la cárcel porque el Supremo ha ratificado otra sentencia que los condenó por liderar una organización que vivía de traficar con hachís desde su base en Sanlúcar de Barrameda.

Esto no es nuevo. Al revés, se produce con frecuencia. De hecho, padre e hijo sanluqueños habían sido capturados en el marco de una publicitada Operación Semilla, con la que se pretendió haber dado un auténtico mazazo al narcotráfico en Andalucía. Luego, cuando llegó la hora de condenar a los que se sentaron en el banquillo, los jueces, que han de atenerse a pruebas consistentes contra los sospechosos, la operación se desinfló: de los 39 procesados en aquel caso, 32 han sido absueltos.

En los asuntos de corrupción política pasa tres cuartos de lo mismo. Esta semana la Guardia Civil ha dado el que puede ser el golpe de gracia al caso Camas, un escándalo de presunta compra de votos para sacar adelante proyectos urbanísticos en Camas con alcalde de IU y concejales de PP y PA de por medio. La grabación clave del supuesto soborno ha sido desestimada por el informe pericial del Instituto Armado por falta de trapío. "No es posible realizar un cotejo de voz sobre las evidencias recibidas al no cumplir las condiciones mínimas de calidad", dice el informe. Hace un año, la Audiencia de Sevilla anuló también la escuchas telefónicas que se hicieron a los implicados. ¿Resultado final? El caso se desinfla. Los cuatro imputados respiran.

Nada puede extrañarnos en este país en el que uno de los mayores escándalos de financiación ilegal de un partido (el PP), el caso Naseiro, tuvo que ser archivado porque su detección se produjo por casualidad, gracias a un pinchazo telefónico dedicado a perseguir el tráfico de drogas, y a los investigadores se les olvidó que necesitaban el permiso de un juez para espiar la tesorería política irregular que habían descubierto. Lo que sí extraña es que no se aprenda de la experiencia y que los autores de las diligencias policiales sigan cayendo una y otra vez en los mismos errores.

Probablemente, muchos de los implicados en estos casos eran realmente culpables, pero ¿de qué sirve saberlo? Tenemos unas normas elementales: todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. La misión de las fuerzas de seguridad es encontrar pruebas sólidas de la culpabilidad de los delincuentes, seguir los procedimientos establecidos escrupulosamente y llegar a juicio sin cometer los errores que hacen posible que los malhechores se vayan de rositas. Sin malas prácticas.