La otra orilla

Justicia fiscal para una justicia social

Hace falta una mayor justicia fiscal para que la justicia social se abra paso

Tras la actual crisis sanitaria provocada por el Covid-19 y sus durísimas consecuencias económicas para personas sin ingresos, trabajadoras y trabajadores por cuenta propia y ajena y pequeños empresarios, se hace más necesario que nunca consolidar y reforzar nuestro pobre Estado de bienestar en todos los pilares que lo vertebran: educación, sanidad, investigación y desarrollo, protección al desempleo, vivienda, pensiones y demás servicios públicos.

Los impuestos, en el marco de un sistema tributario suficiente y justo, son la herramienta necesaria para financiar este Estado de bienestar y contribuir a la redistribución de renta y riqueza, así como a la protección del medio ambiente. Los impuestos deben atender a los principios de igualdad, generalidad y progresividad, de forma que todos contribuyamos de acuerdo con nuestra capacidad económica.

Hay que gravar a las grandes fortunas, devolviendo el protagonismo a los impuestos directos para que cada uno pague según su nivel de renta o de riqueza, frente a los impuestos indirectos, que afectan en mayor medida a los que menos rentas y capacidad adquisitiva tienen. No podemos permitir que siempre paguen los mismos y que la pobreza vaya generalizándose haciendo que la vida de los que menos tienen cada vez sea más difícil y menos digna. Cada vez somos más pobres mientras los ricos son más ricos.

Desgraciadamente los impuestos no se recaudan justamente, no paga más quien más tiene.

Hace falta adoptar medidas necesarias para revertir esta situación, medidas que hay que extender también a la gestión del gasto público. Hay también que penalizar y perseguir los comportamientos defraudatorios.

Hemos de exigir una reforma fiscal que ponga coto a los mecanismos de elusión fiscal de las grandes empresas y de las grandes fortunas. Se hace necesaria una lucha decidida contra los paraísos fiscales, un acuerdo político que incluya un pacto de Estado contra el fraude fiscal y que dote a las administraciones públicas de los medios necesarios para intensificar el control tributario de los grandes contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones fiscales. En definitiva hace falta una mayor justicia fiscal para que la justicia social se abra paso.

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