Es un tema, además de antiguo, recurrente y necesariamente reivindicativo. Si recuerdan, el pasado 11 de enero me refería a las reivindicaciones de los empresarios onubenses para las inversiones e infraestructuras que necesita urgentemente nuestra provincia. Asunto tan antiguo, al que me he referido hasta la saciedad en esta columna y las podría enumerar con fechas y con la insistencia sobre una carencia tan fundamental para el desarrollo y el progreso de Huelva, tenía la singularidad de promover las exigencias del empresariado sobre la gestión en todas las esferas políticas: nacionales, regionales, provinciales y locales. Unas relaciones que parecen muy cordiales a nivel fotográfico-informativo, pero que hasta ahora han servido muy poco en el ámbito de la gestión administrativa.

Sorprendentemente el grado de esas demandas se revelaba más severo y exigente el martes pasado, como muy bien expresaba el titular de nuestro periódico en portada, bastante elocuente y llamativo: La FOE se cansa de esperar y exige ya las infraestructuras. Rigor expresado rigurosamente por el propio presidente de la corporación empresarial, José Luis García-Palacios, al afirmar: "Ya no vale lamentarse. Ante la pasividad de las administraciones es hora de actuar", confirmando que los empresarios han "tocado fondo" por la deficitaria situación que sufre la provincia, lo cual significa, según ellos y resulta evidente, que Huelva pierde "oportunidades y competitividad poniendo en riesgo las inversiones".

No tardaron en llegar las reacciones de distinto signo. Ciudadanos apoyaba las justas reivindicaciones del empresariado, asegurando que "a la FOE le asiste la razón cuando reivindica las infraestructuras fundamentales que necesita la provincia, porque, desgraciadamente, la Agrupación por las Infraestructuras de Huelva, tal como está configurada y orientada, es un escenario estéril para escenificar el teatro del y tú más de la vieja política que es letal para la provincia". Otras actitudes y opiniones no van más allá de la precipitada locuacidad de algunos, habituales en estos casos, muy lejos de su capacidad de gestión y de sus posibilidades reivindicativas a las altas instancias políticas que representan. Y en esto tienen inequívoca responsabilidad los representantes de los ciudadanos onubenses en el Congreso, el Senado, el Parlamento andaluz y en las corporaciones provinciales y locales, que salvo muy escasas excepciones, permanecen sordos y mudos en muchos casos ante sus respectivos jerarcas. Algunos, a toda prisa, urgen lo que antes olvidaron o miraron para otro lado y prometen apoyar ¡ahora! las reivindicaciones de los empresarios. Aprovechan para desplegar su maniqueísmo político, olvidando sus instancias más inmediatas, porque no todo "depende sólo del Gobierno central", como suele ocurrir a menudo. Sobre todo cuando gobierna el PP, cuya responsabilidad, por supuesto, es la misma.