Siempre se dijo que hay una gran diferencia entre la España real y la España oficial. Lo que más nos confunde es esa falta de entendimiento entre una y otra. Por eso es difícil comprender que un país aquejado de arriesgados conflictos, como son la pandemia, cuyo freno en el momento en que componemos estas líneas parece ineficaz e imposible, y cuyas cifras pueden parecer para la oficialidad y los medios de comunicación 'preocupantes', el término más generalizado pero que en realidad siguen siendo alarmantes, la situación económica es cada día más angustiosa con continuo encarecimiento de los artículos más usuales, que el turismo, principal fuente de ingresos para este país, ofrece un panorama decepcionante, la pesadilla del excluyente nacionalismo separatista y en fin otras contrariedades de carácter económico y social igualmente deprimentes, a las que había que unir multitud de necesidades y contingencias, algunas urgentes, de nuestras comunidades, provincias y municipios -contemplemos nuestro entorno más cercano- no sólo no se ocupa de su inmediata solución sino que se empeña en cuestiones ideológicas y confrontaciones que creíamos normalmente superadas.

En este panorama, catastrófico para muchos, esperanzador para otros con un voluntarismo digno de mejor causa, el gobierno vuelve a donde solía: hacia atrás. Y aprueba una llamada Ley de Memoria Democrática, herencia reciente de la cesada Carmen Calvo y reminiscencia convenientemente instrumentada del nefasto legado del funesto Rodríguez Zapatero. Con los argumentos cargados en muchas ocasiones de relatos sesgados, posiciones sectarias y otras articulaciones oportunamente trabadas actúan de maniobra de distracción y de adaptación al ideal político del interesado y con objetivos bien evidentes para quienes practican el rencor, el odio, el revanchismo y la división. Los que hacen de la desunión y la discordia semilla de conflicto. Hora es ya de abandonar esta guerra de espectros del pasado. Demos a los muertos las dignas tumbas que merecen e invoquemos la concordia como fin definitivo de tan ingrata controversia. Memoria histórica o democrática no debe ser una estratagema política para encubrir la acuciante realidad que nos apremia. Hagamos una firme y serena invocación a la concordia como signo de sólida convivencia y resuelva el gobierno, como supremo servicio a la democracia, sus cuestiones con el Poder Judicial, especialmente las suscitadas por sus socios de la extrema izquierda. La Comisión Europea sigue considerando muy bajo el nivel de independencia de los jueces y España debe adaptarse a los modelos europeos y le pide urgencia en el trámite. Si no es posible una absoluta separación de poderes, al menos, como nos pide Europa, que la mitad de los miembros del Consejo del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces. Sólo con una justicia plena es posible una democracia garantizada. Un principio fundamental de la concordia que debe regirnos.