Hace ya mucho tiempo escribimos que en España muchas cosas se nos han ido de las manos. En los últimos años han sido tantas que se han desbordado en un precipicio que cada día pone más en peligro la integridad de nuestros principios constitucionales, las bases de nuestro Estado de Derecho, los logros de nuestra Transición, la libertad y la propia democracia. No es catastrofismo, como algunos interesadamente acusan, es una realidad que actualmente nos somete a una inevitable inquietud y desasosiego. Es inadmisible que una ministra acuse impunemente a los jueces de machistas, poco formados y carentes de una perspectiva de género. Estas declaraciones de Irene Montero, Ministra de Igualdad, autora de la Ley del "sólo sí es sí" - ya su enunciado es desafortunado - que ha suscitado todo un incendio de nefastas consecuencias en el ámbito judicial, social y político, evidencia el riesgo de contar en la gobernanza de un país con personas que han llegado a la política con discutible preparación y pretensiones partidistas y que en lugar de contribuir a la eficacia y al equilibrio en la gestión, propenden a la controversia, el enfrentamiento y la desestabilización.

Cuando algunos se desentendieron, otros miraron para otro lado, muchos incluso la celebraron - el presidente del gobierno se jactaba de ello y afirmaba: "Feminismo para construir un país más seguro" -, cuesta creer ciertas declaraciones justificativas o excusatorias, cuando se han solicitado las rebajas de las penas por la lógica aplicación de la ley y pese a informes preceptivos y serias advertencias. Entre otros del Consejo General del Poder Judicial, sobre el efecto perverso y retroactivo de la norma, el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, la Agencia Española de Protección de Datos - planteando decisivas objeciones a la calidad de la técnica legislativa y posibles consecuencias indeseadas - hasta un total de diecisiete análisis emitidos por distintas instituciones concernidas por la materia objeto de regulación y eludiendo la consulta pública. Tiempo tuvieron antes de su aprobación los que ahora se manifiestan en contra de expresar su opinión. De ahí que algunas de las declaraciones que ahora escuchamos nos parezcan irrelevantes y absolutamente cínicas. Y lo que es totalmente intolerable es que la propia ministra, responsable de este despreciable desaguisado jurídico, siga hablando de prevaricación y decisiones machistas cuando en muchos casos quienes reducen las penas aplicando la ley, son mujeres.

Los excesos de un feminismo radical, exacerbado y patológico como los de un nacionalismo excluyente e insaciable, con su avidez económica y separatista, la paranoica tendencia del populismo integrado en la coalición de gobierno de imponer leyes de origen sectario e ideológico y aplicar la justicia a su medida y fines, dan lugar a disparates jurídicos, descubriéndonos vergonzosamente una insolvencia jurídica de consecuencias irreversibles.