Lo escribíamos sobre la financiación autonómica el pasado mes de septiembre invocando la igualdad. Es un principio constitucional. A todos se les llena la boca cuando lo proclaman con reiterada asiduidad. Curiosamente quienes más lo pregonan con enardecido énfasis lo olvidan cuando han de aplicarlo. Aunque las distintas administraciones regionales se desgañiten en todos los órdenes, especialmente los de la línea colectivista que nos gobiernan - y uso el término porque en su definición es el sistema que propugna la propiedad colectiva de los medios de producción - a la hora de repartir no lo hacen ni con igualdad ni con la proporcionalidad más equitativa. Y así hay diferencias abismales entre unas autonomías y otras, como las hay entre unas provincias y otras a la vista de lo que a cada una corresponde en los presupuestos generales del Estado, que por tantas razones están ahora en el pináculo de la polémica. Y el agravio comparativo rebrota con vergonzosa evidencia.

Uno de los ejemplos más paradigmáticos y escandalosos lo tenemos en Huelva, cuyas cifras en este reparto son realmente bochornosas y harto humillantes. La historia se repite. Con escasas diferencias esta provincia corre siempre la misma mala suerte. Y así vamos comprobando año tras otro como las carencias persisten y las inversiones se eternizan o brillan por su ausencia, sujetas a presupuestos realmente ridículos y ejecuciones raquíticas o nulas. Las reacciones de protesta y las reivindicaciones se precipitan aunque, como de costumbre, en el ámbito de la órbita política y económica pero no a nivel popular lo que es habitual en una ciudadanía que debe concienciarse de este abandono de que es víctima Huelva por parte del gobierno. Y está harta de esa actitud despectiva manifestada estos días por diversos estamentos y la oposición política. Pero no ha tenido la misma reivindicación popular ni la reacción que debe esperarse de buena parte de la sociedad civil tantas veces renuente y pacata.

Son muchas las necesidades que se eternizan a lo largo de los años de inanición y desidia del gobierno. Y ahí están, entre otros, dos proyectos de máxima urgencia como son el túnel de San Silvestre y la presa de Alcolea. La lista es larga y excede el espacio de esta columna que a lo largo de diecisiete años de existencia en estas páginas ha reivindicado muchas de esas inversiones negadas que siguen en los cajones o tal vez ni en ellos de una Administración adversa para Huelva, que, a lo mejor, como aseguran muchos, aquí tiene un vivero de votos inagotable. Y así, un año tras otro, este extremo sur de España sigue postergado y olvidado presupuestariamente, mientras los dirigentes del país y sus representantes en los parlamentos, permiten favorecer por intereses políticos a otras regiones, se obcecan en debates inútiles o se empeñan en políticas cortoplacistas realmente inoperantes ignorando las vitales necesidades de muchas provincias. Entre ellas siempre Huelva.