En su política de gestos el nuevo Gobierno ha capitalizado un llamativo rasgo de solidaridad con el arribo a Valencia de los emigrantes o refugiados del Aquarius, en contradicción con otras situaciones contrarias y trágicamente ingratas en latitudes más cercanas. Un tema muy complejo de una problemática humanitaria de enormes proporciones, debe encauzarse en el concierto de la UE. En este conflicto de la emigración, las políticas de acuerdo son imprescindibles. La libertad y la seguridad de los ciudadanos son sagradas. No valen operaciones cosméticas y exhibicionismos sentimentales de propaganda política. No es cuestión de números pero frente a los 629 emigrantes del Aquarius, están los miles que llegan a las costas andaluzas. Más de 1.500 en estos 21 días de junio, 18.000 el año pasado. De esto el Gobierno ni dice ni hace nada.

En este mismo sentido se ha revitalizado la polémica de las concertinas en las vallas fronterizas con Marruecos, que se instalaron en el mandato de Rodríguez Zapatero, siendo ministro de Interior el fallecido Alonso. Un método sensiblemente cruento establecido como elemento disuasorio y persuasivo. Las fuerzas de seguridad tenían una respuesta inmediata y concisa: "Sin concertinas, necesitamos más recursos". Por su parte la policía de Marruecos alertaba una vez más: "Cada vez llegan más inmigrantes". Miles de subsaharianos esperan en Marruecos.

En un normal desarrollo de la actividad parlamentaria es lógico que la oposición pregunte al Gobierno cuáles son las promesas y los acuerdos -si los hubo- con Podemos, los nacionalismos independentistas vascos y catalanes y el resto de las formaciones que apoyaron su moción de censura. Las exigencias no se han hecho esperar. Ahí está Torra exigiendo al presidente Sánchez una compensación económica a Cataluña por el "daño ocasionado" por la aplicación del artículo 155. Y es más: ha pedido al grupo parlamentario del JxCat que active una comisión de investigación para evaluar "los daños" del 155 y que respondan ante el Parlamento de Cataluña quienes considera responsables de la aplicación del famoso artículo, fulminando a los fiscales del 1-O, todo esto unido al traslado de los golpistas catalanes en prisión.

Entre tanto proliferan las contradicciones: se adoptan unos presupuestos que antes eran antisociales, regresivos: "Una muestra de la debilidad y el cinismo de la derecha", dijo algún socialista. La reforma laboral, denostada hasta la saciedad por sindicatos y las izquierdas, parece que seguirá y el crédito solicitado para satisfacer la paga extraordinaria de los pensionistas, que fuera criticada duramente por los socialistas cuando lo propusieron los populares, es la fórmula adoptada por el Gobierno para hacer frente a su inminente abono. La ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, que exigía a Montoro un recorte del déficit, dice ahora que no puede cumplirlo. No todo es posible ni parece tan fácil cuando se gobierna.

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