LA gobernanza de nuestro complejo sistema territorial tiene uno de sus puntos críticos en el tema de la financiación autonómica: un sector donde las exigencias de cooperación y consenso se desenvuelven a través de un complejo proceso de negociación que suscita la periódica reaparición del fantasma de la gobernabilidad y el consabido precio de los apoyos necesarios para asegurar el gobierno de Madrid.

Pero si en el pasado tales procesos de negociación se solían justificar en base a los principios y valores constitucionales -solidaridad o igualdad, en mayores o menores dosis-, parece que el nuevo sistema, según la versión ofrecida por algunos gobernantes catalanes, sustituye la dinámica de la cooperación por la de la competencia y en consecuencia el orden constitucional es reemplazado por un nuevo paradigma preconstitucional: el de las relaciones de fuerza o de hegemonía entre territorios.

Es un problema que viene detectándose hace tiempo, en paralelo a la progresiva pérdida de sentido del valor solidaridad, y que se concreta en un fenómeno de revuelta fiscal de las zonas ricas del norte desarrollado: en la vecina Italia el proceso se desencadena desde la década de los noventa a través de la Liga Norte, que defiende el rechazo del norte desarrollado a seguir financiando vía fiscal a las zonas más desfavorecidas del sur. En España el fenómeno se inicia en rigor desde el privilegio foral que la Constitución otorgó a las comunidades vasca y navarra, pero experimenta una considerable expansión a lo largo del tiempo. El caso más significativo en los últimos tiempos es el de Cataluña, donde se parte de un diagnóstico bastante claro: según los catalanes, Cataluña estaba siendo expoliada fiscalmente por el resto del Estado y por eso el nuevo sistema viene por fin a hacer justicia frente a tamaño abuso histórico.

Podemos imaginarnos el panorama: o sea, que con el dinero que le expoliábamos a los laboriosos y diligentes catalanes los vagos e indolentes andaluces nos montábamos cada año una romería del Rocío o algún fiestongo similar, en plan borrachera colectiva. Un abuso que evidentemente había que cortar.

El nuevo panorama de la financiación autonómica viene así a eliminar las máscaras y justificaciones extraídas de la vieja Constitución de 1978: ahora retornamos a una especie de orden premoderno o preconstitucional, donde estas cuestiones se sustancian en clave de pura hegemonía: hegemonía en primer lugar económica, claramente reforzada por los efectos de la crisis; ¿dónde se elaboran la mayor parte de los productos y mercancías que consumimos los andaluces y los españoles todos? Obviamente en la industrial Cataluña. ¿Dónde está, pues, la hegemonía económica? Y de la hegemonía económica viene, como una consecuencia lógica, la política. En el fondo, para qué engañarnos, es lo de siempre: los más poderosos son los que mandan. Y los más ricos siempre consiguen más, precisamente porque son más ricos.

Los viejos sueños de un orden justo y solidario basado en grandes valores constitucionales habrá, pues, que darlos por olvidados. En plena crisis económica más vale prescindir de bellos valores colectivos como la igualdad: que cada cual se eche mano de la cartera y cada uno a lo suyo.

Al final la pérdida de cualquier horizonte para una gobernanza territorial inspirada en principios de justicia parece tener una justificación clara: se trata de la estabilidad del Gobierno, esa deidad en cuyo altar se ofrecen en sacrificio los últimos jirones territoriales del Estado. A cambio de la pérdida de tales valores constitucionales tenemos a un gobierno Zapatero instalado en el poder de forma estable con su apoyo parlamentario correspondiente.

Se supone que todo esto puede ser una nueva consecuencia del propio diseño inestable de nuestro modelo autonómico. Es posible que los españoles hayamos avanzado tanto en nuestro proceso autonómico que al final, desbordando a la propia Constitución, nos acabamos reencontrando con el orden medieval originario, el de los reinos de taifas. Del modelo presuntamente justo de la Constitución hemos retrocedido a un tipo de relaciones interterritoriales basadas en claves de hegemonía.

Como decía Ortega y Gasset en 1937, "romper la continuidad con el pasado, querer comenzar de nuevo, es aspirar a descender y plagiar al orangután". Nuestro pasado más inmediato era sin duda el de un ordenamiento constitucional, sustituido ahora por un modelo de relaciones de fuerza que se sustancian en clave de hegemonía. Nuestra regresión hacia el pasado avanza sustancialmente: a los españoles sólo nos faltaría ya, recordando a Ortega, empezar a subirnos a los árboles.