Europa respalda la lucha contra ETA

ESTA vez no han sido los gobiernos europeos los que han respaldado la política antiterrorista del Gobierno español. Ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que, sin equívocos y rotundamente, por unanimidad ha dado su aval a una de las medidas más ambiciosas de la lucha contra: la ilegalización de Batasuna y sus marcas afines. En aplicación de la Ley de Partidos, aprobada por inmensa mayoría en el Congreso de los Diputados, el Tribunal Supremo acordó, y el Constitucional ratificó, la exclusión del juego democrático del brazo político de la organización terrorista vasca. Batasuna recurrió contra su ilegalización y la respuesta no ha podido ser más concluyente. El tribunal que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en todos los estados de la Unión Europea ha sentenciado que la ilegalización respondió en su día a "una necesidad social imperiosa", precisamente en defensa de los derechos humanos vulnerados por una formación política que, al servicio de la estrategia de ETA, considera legítimo matar y chantajear a sus adversarios, que es la práctica de ETA desde hace más de treinta años. La pretensión de los batasunos y de otros partidos nacionalistas de que la Ley de Partidos atenta contra los derechos de asociación y expresión de los primeros y excluye de la participación política a un sector determinado de la sociedad vasca se ha revelado como una gran falacia, puesto que lo que se persigue no es una organización democrática ni lo que se reprime son unas ideas independentistas, sino los medios violentos que se utilizan para propugnar dichas ideas, es decir, para imponerlas por la fuerza. En definitiva, la aplicación de la Ley de Partidos, viene a decir el tribunal, trata de defender la libertad del asalto de los liberticidas. Es una sentencia que consagra la firmeza y el buen criterio de los líderes que impulsaron la legislación excepcional (Aznar desde el Gobierno y Zapatero desde la oposición) y evidencia que, junto a los gobiernos y parlamentos europeos, también las instancias judiciales de la UE apoyan los instrumentos de que se ha dotado el Estado español para acabar con la pesadilla terrorista.

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