Si usted vive en Huelva en las barriadas Pérez Cubillas, Alcalde Diego Sayago, Marismas del Odiel o en Príncipe Juan Carlos, que sepa usted que la Junta de Andalucía ha catalogado sus barrios como Zonas Desfavorecidas. En nuestra provincia también se suman a esta denominación el Barrio Erita en Cortegana, El Rocío en Isla Cristina o el Barrio Obrero en Almonte, entre otros. Más allá del feo apodo elegido, juntos muestran un mapa provincial de urgencias sociales sangrantes, ¡es imperdonable que no hayamos podido arrancar en 20 años la pobreza heredada de nuestras barriadas! Su erradicación debería marcar la hoja de ruta de todos los gobiernos locales.

Durante los próximos años la Junta pretende desarrollar la estrategia para la cohesión e inclusión social en zonas desfavorecidas, de la mano de financiación europea. La iniciativa pretende situar a los ayuntamientos como protagonistas, y al resto de agentes intervinientes en las barriadas, sobre todo ONG, remando en el mismo barco. En definitiva integridad en la acción, algo tantas veces demandado y nunca, o casi nunca, conseguido. El propósito es bonito, pero muy complejo. Volvemos a destacar otro intento público de lucha contra la pobreza, también lo hicimos cuando se propuso la Renta Mínima de Inserción o se aprobó la ley de Servicios Sociales, mejor ensayar soluciones que dar limosna. Pero es importante no olvidar que hasta ahora ninguna solución propuesta ha cambiado la realidad de pobreza y segregación de estos barrios, y además la última gran crisis ha demostrado su fragilidad.

Siendo críticos podemos encontrar muchos motivos para el fracaso: la excesiva burocracia; la escasez de educadores y trabajadores sociales; el electoralismo de muchas iniciativas; la estanqueidad de los negociados de nuestros gobiernos; la atomización de los recursos; la escasa combatividad de las ONG, etc. pero creo que una de las más importantes es que los vecinos siguen sin liderar y protagonizar realmente sus propios procesos. Nuestras barriadas necesitan que se derriben barreras, hay problemas de salud, de empleo, de medio ambiente, de urbanismo, de educación, y frente a ellos se precisa un desarrollo integral, paciente, con administraciones unidas, con un ingrediente educativo fundamental, pero sobre todo con vecinos y vecinas convencidas.

Esta nueva estrategia es una buena oportunidad para promover estos procesos participativos, y para soñar con cambiar tan penoso nombre, el de zonas desfavorecidas.

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