EL Gobierno vasco, que ha hecho una declaración institucional con motivo del recrudecimiento de la violencia en Navidad (atentado del pasado lunes en Balmaseda), ha negado que mantenga una posición "equidistante" respecto del terrorismo. Según el Ejecutivo que preside Ibarretxe, se le hace esta acusación por que se atreve a decir que la solución al "problema vasco" no pasa "ni por la violencia de ETA ni por considerar que todo es ETA", en clara alusión a las recientes condenas judiciales por el denominado caso Ekin, contra las que se ha pronunciado el lehendakari. Por más que el Gobierno vasco niegue esa equidistancia, sus valoraciones políticas lo dejan en evidencia. Sin ir más lejos, durante la lectura de esa declaración institucional, su portavoz, Miren Azkarate, además de condenar el atentado contra la sede del PSOE en Balmaseda, que obligó a desalojar a 25 familias de sus domicilios en el día de Nochebuena, se hizo eco del "dolor" de los presos (etarras) y de sus familias que mueren en accidente de tráfico. Era una referencia a la suegra del recluso Unai González, que falleció durante un viaje para visitar a su yerno. Esta solidaridad del Ejecutivo de Vitoria con el colectivo de presos etarras acaba alineada con la posición de Batasuna, cuyo portavoz, Pernando Barrena, culpa del accidente mortal de tráfico a la "política de dispersión asesina" que el Gobierno mantiene con los terroristas. Así pues, una vez más el Gabinete de Ibarretxe acaba equiparando a las víctimas del terror con sus verdugos y haciendo un guiño fuera de lugar al entorno etarra en vez de apoyar sin fisuras la política carcelaria del Gobierno de la nación, diseñada para debilitar la moral de los asesinos. Dada la fuerza del colectivo de presos dentro de la banda y el grado de cohesión que muestran dentro de las cárceles, donde tampoco se permite la más mínima disidencia, la dispersión y su alejamiento del País Vasco ha sido una de las estrategias para debilitar el ánimo de los reclusos y facilitar el arrepentimiento de los más proclives al abandono de las armas. Es lamentable que el Ejecutivo de Vitoria esté más pendiente de la suegra de un etarra preso que de los familiares de quienes en estos 40 años han sido víctimas de los coches-bomba y del tiro en la nuca.