La confluencia en el corto periodo de dos meses de procesos electorales en todos los ámbitos de las Administraciones Públicas, (municipal, autonómico, nacional y europeo) está marcando la agenda social y política. El llamamiento a la renovación de las instituciones políticas se produce en un momento delicado de la vida social. Los sacrificios impuestos a la mayoría de la población trabajadora, parece que solo han beneficiado a los más poderosos y la resistencia de estos a perder sus privilegios, junto a la ausencia de alternativas de transformación social, facilita el auge de mesianismos racistas, fascistas y ultranacionalistas, que florecen por toda Europa y también en España.

Los inmigrantes, los enfermos mentales, los ancianos, cuando aparecen marcados por la pobreza, son sujetos a nuevas formas de exclusión y convertidos en ocasiones en chivos expiatorios de las políticas de austeridad que deterioran las condiciones de vida. La cultura política de pasividad y consumo presenta las elecciones como un supermercado pletórico en el que la ciudadanía, reducida a la condición de mero consumidor, es llamada a "comparar y elegir" el producto político manufacturado que más les convenga.

Esta degradación de la acción a la que se nos convoca en los periodos electorales es la que genera el caldo de cultivo de la corrupción que sigue marcando la vida política española. Si el hecho de poder elegir a nuestros representantes es una oportunidad para mejorar la calidad de la vida pública y de las condiciones de vida y trabajo de las personas, las cuestiones en las que se enzarzan los principales candidatos no permiten augurar que se esté pidiendo nuestro voto para atender a los principales desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad: uno de cada cinco españoles está en riesgo de pobreza, tres millones y medio de personas carecen de empleo, nueve de cada diez nuevos empleos es precario, cada día se producen en España dos fallecimientos por accidente laboral…

Por eso, un criterio fundamental para determinar si una propuesta electoral apunta a la democratización de las estructuras de poder, a la transformación social en función del bien común, es el espacio que le otorga a la participación social en la vida política, qué propuestas incorpora para reforzar la presencia de los agentes sociales, para fomentar el asociacionismo y promover una ciudadanía y participativa, que atienda a los problemas reales del país.