En el homenaje organizado por la Junta de Andalucía al cumplirse 40 años de la muerte de José María Pemán, se leyó un manifiesto por la concordia al que se pueden adherir cuantos lo deseen. No parece ser esta la intención del Gobierno de España cuando aprueba una Ley de Memoria Democrática, que es el legado que nos ha dejado la que fue vicepresidente en el Gobierno de Sánchez, Carmen Calvo, y que introduce en el Código Penal, como delito la apología del franquismo, sanciones a los que exalten la dictadura y se dispone la extinción de la Fundación del Valle de los Caídos.

Como la Guerra Civil terminó el 1 de abril de 1939, yo no tengo por mis cercanos 86 años, que cumpliré en el próximo mes de agosto (D.m.), ningún recuerdo de ella y en la misma situación estarán la inmensa mayoría de los españoles. Sólo tendrán los recuerdos que familiares y amigos les hayan transmitido. El nuevo ministro de la Presidencia tiene razón cuando dice que ningún demócrata debiera tener problemas con una ley que homenajea a las víctimas de una dictadura, pero se olvida que ya ha habido otra ley en el mismo sentido, y lo que hace esta nueva, se supone, es tratar de corregir los fallos y defectos de la anterior. Pero la concordia, aunque no la invoquen, no aparece por ningún lado. Suponer que con esta ley se garantiza que no se repetirán etapas negras del pasado es una ilusión propia del que estrena un cargo.

Mejor haría el nuevo Gobierno, recién estrenado, en resolver las cuestiones con el Poder Judicial, que han llegado hasta Bruselas, donde la Comisión Europea ha emitido su segundo informe sobre el Estado de Derecho en España y en el que pone de relieve la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial, por la falta de un acuerdo en el Parlamento para renovar órganos constitucionales, de acuerdo con los estándares europeos. La propuesta del Gobierno español no se ha considerado aceptable y perciben que el nivel de independencia judicial es muy bajo, ya que en Europa la mitad de los miembros de ese Consejo son elegidos por los jueces y se insiste mucho en que España debe cumplir con los estándares europeos y debe hacerse con urgencia. Aunque aplauden que PSOE y Unidas Podemos hayan retirado su propuesta de reforma para sortear al PP, se insiste en que la mitad de los miembros del Consejo del Poder Judicial sean elegidos por los propios jueces. Otra cuestión polémica es la autonomía de la Fiscalía y se ve con disfavor que pase a ocupar el cargo de fiscal general quien acaba de salir como ministro del Gobierno.