Hace unos días sabíamos que sólo un 0,18 % de las familias de los enterrados en el Valle de los Caídos ha solicitado la exhumación de sus restos. La noticia da a entender que el empeño del gobierno por imponer la llamada Memoria Histórica como estrategia en épocas electorales, queda en entredicho. La invocación hecha por el presidente en el Congreso de los Diputados, que algunos han osado calificar de reivindicación (de "vínculo luminoso", nada menos, habló el hiperbólico Sánchez), no sólo es inoportuna en las circunstancias actuales cuando, algunos, entre ellos sus socios del gobierno, cuestionan nuestra inequívoca entidad constitucional. No es el mejor precedente ni la más ejemplar referencia un hecho histórico, que aparte del ilegal golpe de estado de los insurgentes, tuvo en sus principales artífices los más cualificados responsables de su fracaso. "¡No es eso, no es eso!", exclamaba Ortega y Gasset uno de los principales inspiradores del régimen. La gran mayoría que no lo vivió y que con tanto ímpetu propala sus presuntas virtudes, debiera, al menos, leer a los grandes historiadores.

Evidentemente no es un clamor como debiera serlo la denuncia hecha por más de 2.500 jueces a la UE por "la violación del Estado de Derecho" en España, una noticia que no puede pasar desapercibida, como me temo le ha pasado a muchos y de cuya importancia no han querido hacerse el correspondiente eco una buena parte de los medios informativos. Algunos de ellos con el único interés de silenciarla como hacen con muchos otros temas que comprometan al ejecutivo. Una denuncia que afecta directa y gravemente a la independencia judicial por las últimas reformas legislativas, que amenazan yugular el principio de separación de poderes propio de un auténtico Estado de Derecho y sirven a los intereses de los partidos, populistas y nacionalistas, que apoyan al gobierno

Y clamor también, aunque no tanto como merece, los continuos ataques a la libertad de prensa, que ha hecho saltar las alarmas por parte de muchos que han llamado la atención sobre actitudes y expresiones que no se habían oído a lo largo de estos más de cuarenta años de democracia plena. La palabra censura ha sobrevolado como sombra siniestra como amenaza a la libertad de información y expresión por parte de ciertos círculos del populismo radical y el independentismo catalán. Tratar de silenciar a los medios de comunicación es otra de las pretensiones de quienes han hecho del intervencionismo su método de gobierno. Resulta preocupante leer que "un organigrama de la Presidencia del Gobierno dedicado a la atención a los medios de comunicación y a supervisar la información que se traslada a la opinión pública absorbió el año pasado un gasto de más de medio millón de euros". En suma un intervencionismo agobiante que por si no fuera bastante esta pandemia incontrolable que sufrimos, se nos amenaza con un mayor esfuerzo fiscal y un arbitrario reparto de los fondos de recuperación.

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