Por si Pedro Sánchez, en su irredento optimismo, no se había enterado, el nuevo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha proclamado en la investidura que su objetivo es culminar la independencia. Cree que la conseguirá gracias al apoyo del partido de Puigdemont (Junts) y los antisistema de la CUP y mediante "una confrontación cívica y pacífica" con el Estado español.

Las negociaciones entre ERC y Junts han durado tres meses, lo que da una idea de lo lejanos que se encuentran estos partidos, que se detestan porque uno es de izquierdas y otro de derechas y ambos compiten por el favor de la mitad de Cataluña embarcada en la utopía secesionista. Fíjense si hay desconfianza entre ellos que el pacto final incluye cinco comisiones de coordinación de la acción gubernamental (más otras tres entre ERC y CUP). ¿Qué lealtad se puede esperar en este Govern?

Lo único que los ha unido es lo mismo que explica los últimos años de la historia de Cataluña: el reparto del poder, con sus cargos, salarios y prebendas, y la administración del negocio del separatismo (léase la última novela de Javier Cercas, el gran traidor a la patria nacionalista). Y el reparto ha sido claramente favorable a los de Puigdemont. No sólo han arrancado a Aragonès las consejerías de Economía y Hacienda, Acción Exterior y Salud, además de la vicepresidencia. También han logrado que el chiringuito creado por el prófugo de Waterloo, el llamado Consell de la República, una vez remodelado, sea el marco de debate sobre la hoja de ruta del independentismo. El verdadero poder en la sombra, el faro que ha de conducir a los catalanes al paraíso de su secesión de España.

Pere Aragonès mandará sobre menos de la mitad del presupuesto. Lo único que ha salvado es un plazo de dos años para negociar con el Gobierno español. Pero no para lo que ilusamente piensa Pedro Sánchez (indulto a los políticos presos, revisión del delito de sedición, más transferencias, algo de financiación), sino para pactar lo que es imposible pactar: la amnistía y el derecho de autodeterminación de Cataluña. Ni siquiera Sánchez puede darles lo que quieren, que es que el futuro de Cataluña y de España lo decidan sólo los catalanes. Un govern divisivo e imposible, como dijo Illa.

Pedro Sánchez tiene un par de años para marear la perdiz. Es justo lo que necesita para acabar la legislatura. Pero sus socios preferentes le harán sufrir mientras tanto. Más incluso que sus coaligados de Podemos.