Quizá Pablo Casado no se dé cuenta, pero sus declaraciones sobre el CGPJ erosionan la soberanía nacional. Hace unos días se ha declarado en rebeldía, advirtiendo al Gobierno y a todo el país que abandonemos toda esperanza de renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque su mandato finalizó hace casi tres años. Argumenta el jefe del PP que los jueces deben elegir a los jueces "como recoge la Constitución". Y sostiene que lo dice en nombre de la independencia judicial y para evitar su politización.

Pero la Constitución no dice que los jueces designarán a los jueces: el artículo 122.3 recoge que lo establecerá una ley orgánica. Además, el Partido Popular lleva décadas repartiéndose con el PSOE la tarta de nombramientos del Consejo, condicionando su independencia en abierta politización. Y el penúltimo pasteleo entre ambos en noviembre de 2018 se frustró porque el portavoz popular en el Senado contó por escrito cómo aquel acuerdo iba a permitir "controlar por la puerta de atrás" la Sala de lo Penal del Supremo. Como el capitán Renault en Casablanca, Casado se acaba de enterar de que su partido juega de antiguo al control político del CGPJ y simula que se escandaliza. Son excusas para no renovar un Poder Judicial caducado en el que el PP tiene mayoría.

El jefe de la oposición está en desacuerdo con los cordones sanitarios, si se pretende excluir a Vox de pactos políticos. Lo dice cuando se reprocha a su partido que gobierna Andalucía, Murcia o Madrid con votos de la extrema derecha. Tiene razón: todos los ciudadanos tienen los mismos derechos políticos y todos los elegidos del pueblo tienen la misma legitimidad. Pero ese principio está en contradicción con argumentar que "los comunistas no pueden entrar en la negociación del nuevo CGPJ". El veto a Unidas Podemos rechina tras la defensa de Vox. Los 350 diputados y los 265 senadores, tienen el derecho y el deber de intervenir en la elección de los miembros del Consejo.

Los jueces pueden proponer, pero los candidatos deberían pasar por una rigurosa y transparente audiencia en el Congreso y el Senado. Dice el artículo 1 de la Constitución que la soberanía nacional reside en el pueblo español, que está representado por las Cortes Generales según el artículo 66. Si los jueces eligen al CGPJ, ¿quién controla a los jueces? Ningún poder del Estado debería estar fuera del control del Legislativo. Lo contrario es retorcer la Constitución para justificar un bloqueo interesado de las instituciones propio de partidos antisistema.