C style="text-transform:uppercase">uando nos arrolló ese monstruo de dos cabezas (una para los pobres y otra para los ricos), que, bajo el alias de crisis, pasará a la historia por el retroceso a que dio lugar en derechos y políticas sociales, una de las medidas más comentadas fue la del incremento de horas de trabajo de los funcionarios. Parecería insuficiente el congelarles los sueldos o retirarles las pagas, que se les aumentó de 35 a 37,5 horas semanales.

Entrando en 2017 y repitiéndonos una y otra vez que la época oscura se va quedando atrás, parecía lógico que se frenaran paulatinamente los recortes en casi todos los campos y también, cómo no, en el sector público. Así que Castilla-La Mancha, País Vasco, Andalucía o Castilla y León dan un paso adelante reclamando las 35 horas para sus funcionarios. Y aquí empieza el debate a dos bandas. Mientras hay quienes aseguran que este cambio sólo puede hacerlo el Gobierno central, que es un despilfarro y que dará lugar a unos servicios menos eficientes, estas comunidades auguran nuevas oportunidades de empleo público, además de mejorar la calidad del servicio y las condiciones laborales. Como siempre: rojo o azul, no hay más colores.

Se me ocurre un tercer grupo si los gobernantes aprendiesen algo de las prácticas educativas. Resulta que está suficientemente investigado que cuando los escolares rinden es cuando la enseñanza consigue adaptarse a sus peculiaridades y necesidades ¿Por qué no aplicarlo a las administraciones públicas? ¿Por qué en todas se tiene que trabajar 37,5 horas tengan o no trabajo? ¿Por qué siempre la cantidad por encima de la calidad? Las críticas arrecian, injustificadamente, ante los funcionarios que no tienen trabajo para cubrir 37,5 horas, olvidando que ellos son más víctimas que causantes de la situación ¿Tan complicado es asignar un número de horas en función del servicio que se presta y compensar de otra forma?

De nuevo la política del café para todos. Otra vez la solución más cómoda. Zapatero concedió 2.500 euros por nacimiento de un hijo, ya fuera la madre una parada de larga duración o la hija de Amancio Ortega y actualmente mantiene un servicio de viajes a través del Imserso con el mismo precio para un jubilado con pensión mínima que para otro con la máxima y bienes añadidos. El café para todos no se adapta a las necesidades reales y se reduce a un burdo disfraz de igualdad que lacra a la justicia. ¿Es que en la cafetería del Congreso no sirven el café solo, cortado, con leche o manchado?

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