Es indignante, infame y bochornoso -podríamos añadir una larga lista de adjetivos- que un tipo como Gabriel Rufián, de afilada lengua viperina e insultante, que se expresa con altanería y desprecio, con ostensible tono despectivo a los españoles, una dialéctica corrosiva y agresiva, pretenda imponer una política fiscal, igualando a las distintas comunidades en la asignación de impuestos. Lo que los socialistas han dado en llamar armonización fiscal, para que, en un engaño más del Gobierno, acabar con lo que llaman "competencia desleal" entre comunidades en impuestos como los de Patrimonio, Sucesiones o Donaciones, ahora que ERC, la izquierda republicana de Cataluña, exige para votar a favor de los Presupuestos propuestos por Pedro Sánchez, con el apoyo de sus socios de gobierno, Unidas Podemos y los de Bildu. Y sin que falte la colaboración del mendicante PNV, para sacar su habitual tajada pero -¡eso sí!- sin tocar sus privilegios en materia fiscal. Entre unos y otros por distintas razones tratando de igualar en la miseria a los españoles ya que nos han igualado en la ignorancia en educación, ley Celaá, recién propuesta.

Entre unas cosas y otras, agravadas por las dudas e incertidumbres de la Covid-19, más preocupados por la celebración de la Navidad que por evitar la extensión y estragos de la pandemia, el panorama político denota más la degradación del estado democrático, la ausencia de autocrítica por parte del ejecutivo, de muchos responsables de la administración y la ignorancia servil de quienes ostentan puestos de responsabilidad para los que no están preparados quedan a una altura irrelevante. Ante acontecimientos inconcebibles, propuestas inadmisibles, proclamas indeseables y amenazas intolerables, actuaciones tan deplorables como las de la portavoz socialista, poco menos que mandando silenciar las opiniones de alguien tan calificado y competente como Felipe González -cuyas opiniones siempre son valiosas-, resulta no sólo irrespetuoso sino prueba de que en el partido socialista algunos han perdido los papeles. Todo ello con el silencio cómplice de la mayoría de la militancia y las manifestaciones desaprobatorias, sotto voce de una minoría de barones o históricos del socialismo.

Entre concesiones económicas a los nacionalistas catalanes, 300 millones consignados en el borrador de los PGE, por encima de lo previsto en el estatuto, la supresión del control de los gastos para su inversión en el proceso independentista, la creación de un comité Gobierno-ERC para la armonización fiscal impidiendo que la Comunidad de Madrid y Andalucía sigan bajando impuestos, es lo más inicuo que puede permitirse a quienes disponen de las mayores prebendas autonómicas para despilfarrar el dinero de los españoles en inadmisibles embajadas, gastos desmesurados y la subvención descarada para su incontenible afán de perpetrar un golpe de Estado independentista.

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