U style="text-transform:uppercase">na de las características nefastas de la economía española es la alta tributación. En cualquier conversación sobre impuestos todos se quejan. Es lógico cuando uno vive y tributa en una región de elevados costes impositivos y los gravámenes sobre Sucesiones, Donaciones y Patrimonio son mucho más costosos que en otras comunidades, efecto lógico de una política administrativa más bien errática, hasta el punto de que hay ciudadanos y empresarios que han decidido domiciliar sus patrimonios en Madrid beneficiándose de sus exenciones. Por eso cuando se sostiene que es necesario fijar tipos máximos y mínimos en los impuestos cedidos a las autonomías, uno piensa que esos tipos debieran empezar por uno mismo y que proclamas como ésta en la igualdad de la acción impositiva no pueden soslayar ni encubrir los evidentes abusos y las tributaciones desmedidas. El resultado es que un tercio de los andaluces han de renunciar a su herencia al no poder pagar los impuestos.

En la VI Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas celebrada el pasado martes, día 17, en el Senado, los dirigentes socialistas sostenían que el modelo actual facilita la existencia de comunidades que reciben una financiación muy superior por el hecho de tener domiciliadas las grandes empresas, como ocurre en Madrid donde los madrileños, gozosamente para ellos, se han librado de los impuestos de sucesiones y donaciones. Privilegio que puede deberse a una mejor gestión administrativa contribuyendo con ello a que emprendedores y empresas en general se beneficien de un sistema que favorece el progreso empresarial y la creación de empleo. El descenso impositivo supone más dinero en el bolsillo del consumidor, más vitalidad en los mercados y en la actividad comercial y laboral. Si la armonía solicitada es para seguir subiendo impuestos, suena más bien a insoportable distorsión para la mayoría de los contribuyentes.

La reforma de la financiación autonómica, un capítulo no muy afortunado de la transición, es algo tan necesario y urgente como tantas otras transformaciones vitales para la regeneración económica de España. La obsesiva voracidad recaudadora de la mayoría de los partidos, generalmente de izquierda, que gobiernan algunas comunidades, no invita a la inversión en ellas sino a la dispersión y deslocalización. El sufrido y masacrado contribuyente clama por menos subvenciones y menos dinero para comunidades quebradas, con excesivos empleos públicos y prebendas, algunas de las cuales mantienen embajadas innecesarias por el mundo. ¿Armonización? Sí, pero para igualar en beneficio del contribuyente, reduciendo impuestos en proporción con la disminución de los gastos públicos de determinadas administraciones. Demostrado está que elevar impuestos ante la asfixia de tantas economías domésticas es la perversa solución fácil: siempre pagan los mismos. Esquilmar al contribuyente cuando su dinero se emplea en inversiones innecesarias y no rentables que no generan empleo, empresas públicas improductivas, gastos superfluos y dispendios económicos, es indignante e intolerable.