La dictadura española, soñando imperios, impuso una política de submersión lingüística en Cataluña, que pretendía la hegemonía del castellano frente a la lengua materna de los catalanes, obligándola a transmitirse de forma semiclandestina en los hogares. Con la democracia llegó un clima de respeto a la cultura catalana y se decidió la inmersión lingüística, que pretendía que los escolares fueran igualmente competentes en ambas lenguas, primando que las clases se impartieran en la lengua materna de la población autóctona. En la actualidad el idioma catalán goza de buena salud y han desaparecido las amenazas que se cernían sobre él en tiempos afortunadamente desaparecidos. Tampoco "el español está en peligro allí ni en el resto del mundo", como afirmaba Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, en un artículo reciente. De lo que se trata pues es de mantener un equilibrio en el que el respeto mutuo sea premisa imprescindible.

La LOMLOE, conocida como Ley Celaá, ha despertado una agria polémica sobre la enseñanza pública versus la concertada y en otros temas, entre ellos el debate en torno a la desaparición del español como lengua vehicular, condición que solo se le concede al catalán. Es curioso que la mayor parte de la gente, incluso la opinante, desconoce el significado del adjetivo vehicular. Empecemos por ahí. Lengua vehicular es la usada en el ámbito educativo cuando existen varias lenguas maternas entre los alumnos. Parece lógico, si el objetivo es el bilingüismo, que español y catalán sean vehiculares como recogía la anterior -todavía vigente- Ley Wert. Esa era también la opinión del partido socialista, expresada en el proyecto inicial de la LOMLOE, pero una enmienda de ERC apoyada por Podemos le hizo ceder, ¿no habría sido correcto que los ciudadanos hubieran recibido una explicación del tipo de "tenemos que transigir pues de lo contrario ERC no apoyará nuestros presupuestos"?

Es lástima que tengan que ser los Tribunales, en este caso el Superior de Justicia de Cataluña, los que enmienden las carencias de los políticos. La semana pasada ha dictaminado que el uso del castellano en la enseñanza en Cataluña es residual y obliga a que las escuelas incluyan al menos un 25% de las clases en castellano. Ahora hace falta que la sentencia se cumpla, lo que no es seguro si los que deben garantizar ese cumplimiento siguen buscando dudosas alianzas.