En estos días en los que el aplauso premeditado, no espontáneo, a pesar de los datos socioeconómicos, sanitarios y laborales que están asolando el país, nos encontramos cada vez más rodeados por la autocomplacencia gubernamental y si observamos las reacciones, discursos , réplicas escritas antes de escuchar al oponente, equidistancia táctico ideológica - aunque no distancia física de seguridad, según el epidemiólogo surfero y laguna reglamentaria del Parlamento - incoherencias, demagogias, medias verdades… solo faltan hay en la bancada sanchista, las vuvuzelas y que alguien se arranque a tararear el waka - waka, solo que ese grupo ni tienen un Iniesta que nos haga campeones de nada, más allá de estar entre los primeros con peores resultados en todos los parámetros evaluables relacionados con la tragedia de la pandemia, víctimas incluidas.

Por mucho que se insistió, costó trabajo aceptar el luto, se obvió, por cuestiones de agenda, el funeral religioso en un ejercicio absurdo de laicismo radical y si eso no bastaba, aparece el caústico Torra amenazando a la Iglesia de Cataluña por ¿incumplir? las medidas de seguridad, también, en el funeral por los fallecidos.

Resulta evidente la falta de entendimiento institucional presente en determinados personajes políticos. No solo entierran a Montesquieu cuando les parece, sino que tampoco saben interpretar la aconfesionalidad del Estado.

La última prueba es el dictamen del Tribunal de Cuentas, favorable a la Iglesia, por unanimidad, ante el intento de difamación de la misma en un informe elaborado por alguien, a la búsqueda de meritaje, amistoso con la Vicepresidencia del Gobierno, filtrado a algunos medios antes de pasar la revisión por la Sección de Fiscalización del Tribunal. En él, se sugerían incumplimientos legales por el uso dado a los fondos recibidos a través de la asignación tributaria - la X de la Declaración de Hacienda, para entendernos - pero lo grave no es solamente la elaboración del informe sino la prepotencia de quien lo hace, consciente y perversamente, al límite de la prevaricación puesto que el Tribunal de Cuentas "solo puede controlar las actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de cooperación con las confesiones religiosas y no las actuaciones propias de las mismas". De ahí, que quien hizo de alguacil, ¿para ganarse el favor del Gobierno?, ha sido alguacilado, no solo por el dictamen de la superioridad sino por la evidencia de los hechos, tal cual es la actuación de las organizaciones eclesiales en la atención de los más vulnerables; la voluntad de los ciudadanos en sus compromisos fiscales… y, aún, sin reclamar al Estado por las cantidades a cuenta todavía no pagadas. Respecto a 13 TV no solo son aprobadas por el informe del Tribunal de Cuentas, sino que pretender acusar de infringir los principios de la competencia, resulta todo un sarcasmo después de conocer las líneas mediáticas de este país y la gestión deficitaria de la televisión pública. Cuánta falta haría un Francisco Quevedo en la España de hoy.

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