El cese del estado de alarma producido el pasado fin de semana provocó numerosas concentraciones nocturnas de jóvenes y no tan jóvenes en las principales ciudades españolas (ni libertad ni libertinaje, simple estupidez) para celebrar no se sabe muy bien qué, pues como dijo alguien con gracia y dardo, el hecho de que hayan desaparecido las restricciones a la movilidad no significa que lo haya hecho el virus, que por aquí sigue tan campante.

El optimismo reinante ante la progresión exponencial de las vacunas (alguno se ha dado cuenta de la edad que realmente tiene cuando ha recibido el mensaje en su teléfono con la cita), el periodo ciertamente largo que hemos permanecido recluidos en casa a la fuerza y una cierta concepción extensiva de la libertad mal entendida, hacen que sean muchos los que estén literalmente deseando echarse a la calle, aunque no tengan donde ir y la prohibición del botellón siga plenamente vigente.

Particularmente decepcionante está siendo la actitud de los partidos políticos en todo este desaguisado, que no tendría mayor trascendencia si no fuera porque su escandalosa inhibición pone en riesgo, aunque sea de manera indirecta, la salud de los ciudadanos. Naturalmente, tiene mayor responsabilidad quien está en la posición (y con la obligación, pues) de gobernar, que no es otro que el Gobierno, y éste no parece tener el menor interés en hacerlo. Su última aportación al respecto no puede ser más desafortunada, aparte de inaudita: hacer descansar su (falta de) iniciativa en el poder judicial, de tal manera que sea éste quien arbitre entre las medidas más o menos razonables que pueda tomar cada Comunidad Autónoma. Tampoco la oposición puede presumir demasiado: si antes clamaba contra el estado de alarma por considerarlo abusivo y cercenador de libertades, ahora poco más o menos que exige al Gobierno que lo aplique sin demora. ¿En qué quedamos?

Todo hubiera sido más sencillo si los dos grandes partidos hubieran colaborado desde el inicio en este tema, actuando con lealtad y sentido de estado, pero eso parece mucho pedir en esta España cada vez más bronca y polarizada, donde no se busca otra cosa que el desgaste continuo del adversario. La ausencia a estas alturas de una regulación específica y unívoca en la materia, demandada por los barones de todas las ideologías, no es si no otra muestra más de la degradación progresiva de nuestra política.